Oltra: "Un tribunal no puede ser una segunda cámara, para tomar decisiones políticas hay que presentarse a elecciones"

ALICANTE (EP). La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha apuntado este viernes, preguntada por las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que han paralizado el decreto de plurilingüismo y han otorgado cautelarmente conciertos de Bachillerato a dos centros, que "un tribunal no puede ser una segunda cámara", ya que "para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, y es obvio que los magistrados del TSJCV no se han presentado a elecciones", sino a "oposiciones, que aunque rima no es lo mismo".

Oltra se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa posterior al peno del Consell en Alicante, al ser cuestionada sobre "hasta qué punto preocupa al Gobierno que el TSJCV se haya convertido en una segunda cámara de reorientar y reinterpretar decretos".

Al respecto, Oltra ha asegurado que "hay cuestiones que forman parte del ámbito de las decisiones políticas y otras de las decisiones judiciales, y conviene no mezclarlo", ha destacado, ya que la separación de poderes "está muy bien inventada" y "cargársela es peligroso".

Sobre la decisión del TSJCV de otorgar cautelarmente conciertos de Bachillerato a dos centros, la también portavoz del Consell ha afirmado que el Ejecutivo autonómico acata el auto del tribunal, pero considera que "este Gobierno no tiene por qué pagar dos veces por lo mismo".

"En una etapa educativa no obligatoria y habiendo oferta pública suficiente, se acaba un concierto, un acuerdo con una empresa privada, y el Gobierno, que es el competente, decide que no necesita contratar con un colegio privado porque tiene plazas suficientes en la red pública", ha explicado Oltra, quien ha insistido en que se trata de "una decisión en el ámbito político que compete al Ejecutivo, que ha de gobernar con eficiencia".

"Pagar una plaza pública y otra privada para un solo niño es despilfarro de dinero", ha subrayado la vicepresidenta, quien además se ha referido a los 1,1 millones de euros que se estima que cuestan los conciertos para estos centros durante los próximos dos años -que es lo que el TSJ cree que puede durar el proceso sobre el fondo de la cuestión- y que servirían, ha indicado, para retirar de varios centros públicos los barracones.

Así, ha insistido en que la intención del Gobierno valenciano es "tutelar el interés general", por lo que "entre tener niños en barracones y niños en centros privilegiados, preferimos arreglar el tema de los barracones; para eso nos presentamos a las elecciones y nos votó la gente", ha aseverado.