La zona comercial de La Estación, vacía. Fotos: RAFA MOLINA. BENIDORM. Sigue el quebradero de cabeza del Ayuntamiento de Benidorm respecto a la tasación de la Estación de autobuses, gestionada por el empresario alicantino Enrique Ortiz. El informe que publicaba este viernes Alicante Plaza en exclusiva propició esta semana que se convocara una junta de portavoces para explicar la situación a la oposición. Según el escrito, firmado por el letrado municipal, alertaba que pedir una nueva tasación externa podría caer en un delito de malversación y prevaricación, por lo que no aconsejaba esa medida.
Con todas las posiciones encontradas, la junta de portavoces concluyó con una propuesta del gobierno local en el que proponen una moción al próximo pleno de agosto para que se dé por buena la cifra de 25 millones de euros. Ésta sería derivada del informe de Tecnitasa tras las correcciones del controller. Por lo tanto, sería el montante por el que saldría a licitación y así legalizar toda la construcción levantada por Ortiz.
Una medida que el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, interpreta como una victoria de la oposición. Estos reivindican que en ningún momento han pedido una nueva valoración externa, sino que en el último pleno reclamaban que se cumpliera con el acuerdo plenario de agosto del 2016, con el fin de que la tasación fuera correcta. Cabe recordar que partidos como Ciudadanos (Cs) avisó sobre la idoneidad de la misma, por lo que creían ellos que se había utilizado parámetros incorrectos. Y así lo corroboró después el controller contratado para que verificara el trabajo de Tecnitasa.
Además, Martínez indicó que el punto dos del acuerdo que quieren llevar al pleno "es copia literal de la nuestra conjunta... Pese a todo lo que ellos han dicho, les hemos obligado a cumplir el acuerdo de agosto de 2016". El punto en concreto lo que dice es que se declara "que se ha producido el correcto y adecuado cumplimiento del acuerdo plenario de 29 de agosto de 2016, conforme al acuerdo de 26 de junio de 2017".
Pero sigue habiendo dudas en el resto de la oposición. Es el caso del portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, quien solicitó en la junta que Intervención aclarara los puntos dos y tres. Es decir, "que diga si le parece correcta la valoración que hizo Tecnitasa, puesto que el controller dijo que era errónea y puesto que Intervención también señalo que no era correcta". Por ello, explica que "antes de proceder a la aprobación de este acuerdo, tenemos que saber que la Intervención certifica que la valoración realizada era correcta y, por tanto, la cuantía también lo es".
De ser así, y se llegara a un acuerdo, al fin se podría dar cumplimiento a la sentencia de octubre de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).
