Adelanto a los lectores, y la mayoría de mis editores lo conocen, que no se encuentra entre los platos de mi gusto la política, ya que me considero un ultra agnóstico de la misma, pero a veces no hay más remedio, si se me permite la licencia, el transmitir sensaciones, sobre todo, si la misma pudiera afectar a las mejoras sociales.
Ha llegado a mis manos el texto y traducción (ODG) del artículo CEO: Grupos de Presión de Corporaciones [creo que una traducción del inglés más ajustada al tema sería, en lugar de corporaciones, 'sectores empresariales'] se encuentran detrás de la Comisión Europea a la carrera por el poder sobre los servicios (14.2.19). Título en inglés: Veto power to please lobbysts.
A medida que transcurre el tiempo, se van encendiendo las alarmas, sobre todo en las Administraciones locales, ante una especie de dictado con carta de naturaleza europea sobre cómo habría de “marcarse el paso” ante nuevos bríos observados en la hasta ahora prácticamente durmiente, Directiva 123/2006, con un objetivo principal: los servicios municipales y estatales.
Dicha Directiva en su promulgación (2006), provocó masivas potestas en varios Estados UE, por lo que suponía una inexplicable intromisión en el ámbito social, además de los poderes que se pretendían otorgar a la Comisión, siendo aprobada mediante previos recortes su contenido, ante el exacerbamiento de la población.
Hacía tiempo que no escuchaba, ni leía, mensajes de izquierdas y modernos verdes, con la virulencia sonora que a veces surcan nuestros asfaltos, con percusión reforzada, anunciando como tambores y redoblantes, la presencia amenazante de los “lobbies”.
Enmadejado, su contenido neo liberal, nos llega bajo el manto de ciertos sectores, con enfoques destinados a la pretensión de favorecer la libertad de establecimiento y libre circulación de servicios entre los Estados Miembros de la U.E.
¿Pero bueno, no se encontraban estos principios ya legislados, asumidos y superados?
Al menos, me suenan a nivel europeo, de la época de la Escolástica Medieval.
En conjunción con lo anterior, también me han sorprendido algunas reacciones sobre el presente tema, por ejemplo, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, convocando unas Jornadas en Madrid, los próximos 12 y 13 de marzo, y que llevan por sugerente título, respectivamente: LA URGENTE REGULACION DE LOS LOBBIES y EL DENUNCIANTE DESAMPARADO.
Otra alarma, la ha constituido las declaraciones del Sr.Draghi, y el posible pánico a otra crisis europea condimentada con el retraso de la subida de los tipos de interés, y adicionales facilidades a la Banca.
Probablemente sonaría como buen titular de esta Columna, ¿GOLPE DE ESTADO EN LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL SECTOR SERVICIOS?, pero me resisto a creerlo, y qué según el citado Texto, podría ver incrementado sus poderes respecto a los servicios municipales y estatales, mediante accesos a determinados archivos y documentos, con objeto de aplicar la enorme influencia de grandes grupos empresariales de presión sobre una propuesta en ciernes.
La permisividad de la Comisión en este sentido, podría permitir las restricciones de tomas de decisión democráticas sobre aspectos como vivienda, distribuciones y servicio de agua, gas, electricidad, residuos, etc. así como la planificación de carácter local, teniendo las autoridades ante sí, una auténtica revolución procedimental en 79 sectores, los cuales se han vito afectados por notificaciones entre 2010 y 2015, así como documentos reveladores de estrecha colaboración entre el departamento responsable del procedimiento y grupos de presión del sector industrial.
Pero va siendo hora de que contemplemos a los distintos protagonistas en esta especie de triángulo de las Bermudas:
De la Comisión Europea, y a sus miles de funcionarios con magníficos salarios, huelga su presentación.
Tres grandes grupos, pro lobbies: 1). BusinessEurope 2).EuroCommerce y 3).EuroChambres.
La primera, B.E. es un grupo de presión, representativa de grupos empresariales y multinacionales.
Declaró haber dedicado en 2017, unos cuatro millones de euros en actividades de presión política, empleando a distintas personas, las cuales gozaban de un pase de acceso permanente al Parlamento Europeo.
En cuanto a la Directiva que nos ocupa, solicitó la existencia de una obligación de “notificaciones” estrictamente pensadas para nuevas regulaciones y medidas que afecten a las compañías de servicios.
El gigante industrial solicitó a la Comisión, aumentar la efectividad del laxo procedimiento existente en cuestión de notificaciones en la Directiva Bolkestein 2006, argumentando que toda nueva ley, normativa o disposición administrativa, que afecte a compañías de servicios debe ser evaluada por la Comisión en relación a su compatibilidad con la legislación U.E. mientras la Comisión evalúa nuevas disposiciones.
Un informe de posición alaba a la Comisión por su decisión de ir mas allá de la línea clásica de asegurar una mejor ejecución de la Directiva de Servicios y su propuesta de retirar las barreras administrativas, regulatorias y otras.
Las pretensiones de B.E, en la mayoría de las ocasiones se refieren a las propuestas relativas de mejoras en políticas sociales, que puedan representar obstáculos empresariales.
El citado Grupo, es uno de los” lobbies” más cercano de la Comisión a la hora de promover el procedimiento de “notificación”, sobre las propuestas de la administración local, consistente, repetimos una vez más, en poder incidir en las nuevas regulaciones y medidas que afecten a las compañías de servicios.
La segunda, EUROCOMMERCE, grupo de presión del sector minorista y otras empresas comerciales, declaró haber gastado en 2017, hasta 1,5 millones de euros en actividades de presión e igualmente con 18 personas con acreditación permanente de acceso al P.E.
Entre sus miembros se encuentran British y French Retal Consortiums, así como Carrefour, Amazon, Ikea y otros.
Sugiere, que la falta de la mencionada “comunicación” por parte de las entidades locales a la Comisión, debería conllevar una sanción grave.
Añade, que los procedimientos de autorización de establecimientos minoristas deben estar incluidos en el ámbito de la Directiva, probable herramienta de futuro para evitar restricciones a sus empresas miembros que incluyen grandes cadenas de supermercados.
En bastantes países UE, se han introducido normas locales que limitan el número de grandes superficies de hipermercados en el extrarradio, a fin de proteger el pequeño comercio.
El tercer grupo en discordia: EuroChambres, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industrias Europeas, declaró 1.400.000 euros en actividades políticas de presión y con parecido número de personas dedicadas a lo mismo, pero con un número inferior de pases privilegiados.
Se interesó en su momento, acerca del “contenido de las notificaciones”, respondiendo la Comisión, que dichas “notificaciones” iniciales, se referirían a documentación de apoyo y medidas adoptadas, las cuales serían compartidas con las partes interesadas mediante interfaz en línea, donde habría también una opción para que las partes pudieran manifestar sus observaciones.
El documento es extenso, pero bastaría en estos momentos con recordar que España en los fastos de 1992 y sus previas escaramuzas económicas, cuando teníamos sobre nuestras cabezas el dorado cuerno de la abundancia de los Fondos de Inversión, los Estructurales y algunas cuantas más prebendas, ya mantuvo su mano asida a las que galantemente guiaban sus pasos a los “lobbies” de aquella época.
Observamos, lo que para una parte resulta ser bueno respecto a lo que se tiene previsto acometer, para la otra, son prácticamente tropelías, debiendo tener en cuenta, además, el crisol de culturas europeas que lo componen y aquello: de que cada uno pretende llevar el agua a su molino, lo cual significa preocuparse únicamente de sus propios intereses......
Pregunta ¿alguien puede aclarar el lado en que se encuentran los intereses de la ciudadanía europea?.
