La edil de Protección Animal, Marisol Moreno, en un pleno, de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Concejalía de Protección Animal abre el melón de la ordenanza que regula la tenencia de mascotas y, además de ajustarla a novedades previstas en textos de rango superior, extiende el alcance de la norma en vigor, aprobada por el PP hace 17 años, con una completa relación de concreciones para un ámbito en el que ya han estallado disputas internas en el seno del tripartito de Alicante. Fue el caso, por ejemplo, de la denegación de la prórroga de concesión de la finca de El Roal a la Fundación Arca de Noé o la instalación de una zona para mascotas en el parque de Lo Morant.
A grandes rasgos, según las fuentes consultadas, la propuesta que la edil de Protección Animal, Marisol Moreno (Guanyar), prevé defender este martes en la Junta de Gobierno pretende mejorar el trato que se confiere a los animales de compañía, reforzar la lucha contra su abandono y adaptar la regulación a los cambios sociales, que habrían deparado una mayor sensibilidad hacia las mascotas; además de fijar condiciones para las tiendas que se dedican a su venta o de determinar cuáles son las obligaciones de sus propietarios.
Entre ellas, por ejemplo, se prohíbe la permanencia de perros o gatos en terrazas o balcones de manera constante y se establece la posibilidad de denunciar a los propietarios de mascotas que causen molestias durante la noche por ese motivo. También se establece, por ejemplo, que los dueños de los animales deben impedir que sus deyecciones se realicen sobre la acera y se determina que, salvo que exista un emplazamiento específico, las mascotas deben ser conducidas junto al bordillo en lugares próximos a un imbornal (al margen de la obligación de recoger los excrementos para su depósito en una papelera, por ejemplo).
Igualmente, se prohíbe alimentar a los animales en la vía pública para no amparar la creación de colonias incontroladas y se establece la obligación de avisar a los servicios municipales en caso de atropello de un animal sobre la calzada para que se proceda a su retirada si se le ha causado la muerte, por motivos de seguridad vial. Según las mismas fuentes, en el caso de que el animal resulte herido, la propuesta de ordenanza establece la obligación de trasladarlo a un centro veterinario. De no hacerlo, se podría incurrir en infracción grave.
El texto propuesto amplía y completa con nuevas concreciones la ordenanza aprobada por el PP en 2000
Lo cierto es que gran parte de esas determinaciones ya figuran en la ordenanza aprobada en el año 2000, bajo la etapa de gobierno del PP, pero ahora se completan y se perfeccionan con nuevos supuestos no tenidos en consideración en su redacción actual. Ocurre, por ejemplo, por lo que respecta a la regulación de los centros de acogida de animales, a los que se les conmina a establecerse como objetivo la cesión o adopción para los animales que hayan superado el plazo límite de estancia establecido para cada especie.
En el apartado de sanciones, igualmente, se establece una gradación en tres niveles: leves, graves y muy graves. Para las primeras se fijan multas de entre 30 y 600 euros; para las graves, de 601 a 6.010 y, para las muy graves, de 6.010 a 18.000 euros. Se trata, prácticamente, de los mismos importes previstos en la norma del año 2000, en la que todavía se fijaba su cuantía en pesetas.
Con todo, su aprobación todavía es una incógnita. Fuentes de PSOE y Compromís consultadas por Alicante Plaza este lunes, admitieron desconocer el contenido de la propuesta, más allá de su incorporación al orden del día, por lo que señalaron que no disponían de suficientes criterios de análisis para poder valorarla. Las mismas fuentes no pudieron precisar si sus respectivos grupos habían formulado aportaciones a la propuesta, aunque señalaron que no es un imperativo, ya que es una cuestión que compete a la Concejalía de Protección Animal. En principio, si las explicaciones y el examen de la norma no resultase suficiente para que los tres socios fijasen una posición en el transcurso de la sesión de la Junta de Gobierno, podría plantearse que se dejase sobre la mesa para un mejor estudio.
