VALÈNCIA. Cuando, en 2014, salió al mercado Sovaldi, un nuevo medicamento para la hepatitis C con una tasa de curación de hasta el 97%, fue recibido como toda una revolución. Sólo en España, la «nueva penicilina», perteneciente a los llamados antivirales de acción directa (ADD), significaba la salvación para 900.000 personas que sufrían VHC y que causaba doce muertes al día. El 'pero' estaba en su desorbitado precio —bajo patente— que llegaba hasta los 50.000 euros por tratamiento, lo que hizo que diversos gobiernos de la UE, entre ellos España, se negaran a financiarlo para todos los enfermos. Fue la primera vez que un medicamento saltaba a la palestra pública. Se produjeron manifestaciones, comparecencias en el Parlamento Europeo y semanas de encierros en los hospitales de todo el país. La movilización significó el nacimiento de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, pero también el de las primeras asociaciones de profesionales que clamaban públicamente por un acceso justo a los medicamentos. La presión popular obligó a Sanidad a sentarse a negociar con la farmacéutica y a llegar a un acuerdo.
El presidente de la Plataforma, Damián Caballero, estuvo desde el día uno en los encierros hospitalarios. Recuerda que «lo que se planteó fue una pelea para que el medicamento llegara a todos, pero no podíamos dejar de pedir también una mayor transparencia por el altísimo precio que acarreaba a la Sanidad pública. A día de hoy, en España desconocemos a qué acuerdo llegó el gobierno con el laboratorio y es la tónica de los demás países», señala. La dura negociación duró meses. En ese lapso llegaron nuevos AAD y, por lo tanto, una mayor oferta que abarató el precio, pero Caballero remarca que «muchos pacientes se quedaron por el camino y estoy seguro de que, si no nos hubiéramos movilizado, el tema de la hepatitis C estaría sin resolver aún, como lamentablemente parece ocurrir con otras enfermedades, denominadas «huérfanas». Tanto es así que, a pesar de la victoria, 40.000 personas, aun estando en el sistema de cribado, todavía no han recibido su tratamiento.
Juan José Rodríguez Sendín es presidente de la Asociación Acceso Justo al Medicamento y ha sido el Presidente de la Organización Médica Colegial de España durante más de una década. Señala que, como profesionales, la crisis de la Hepatitis C les hizo plantearse la sostenibilidad del sistema. «Era algo que nos escandalizó. El precio era un disparate y todo procedía de las prerrogativas que en estos momentos tiene la industria farmacéutica con los privilegios que les otorgan las patentes en las nuevas moléculas de medicamentos», indica.
Tensionando la cuerda
Desde 2008, el gasto farmacéutico ha crecido sin freno y está poniendo al límite a las Consejerías de Sanidad. En aquella fecha, y en plena crisis económica, los costes se habían disparado alrededor de un 55%, según el análisis del mercado farmacéutico español de la consultora de referencia IMS Health. Entre 2014 y 2022 el crecimiento fue del 70,8%, tal y como indica la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), y que achaca a las patentes. La cuerda se tensa más en las farmacias de los hospitales donde se administran los medicamentos más caros del sistema sanitario y donde recaen los de innovación. Sólo en el año 2022, el gasto rozó los 9.000 millones de euros, un 4,37% más que en 2021 y son los hospitales públicos de la Comunitat los que más dinero gastaron en productos farmacéuticos en toda España durante 2022, según la Fadsp. Los incrementos presupuestarios prácticamente son absorbidos por el precio de las nuevas moléculas de medicamentos. La pandemia es el caso más paradigmático de la falta de control. Las vacunas salieron en tiempo récord pero fueron financiadas principalmente por dinero público, a pesar de que el producto final tenía garantizada su venta las farmacéuticas tuvieron las manos tan libres, que, en vez de bajar sus condiciones para un acceso más justo, como pedían algunos países, fue imposible llegar a ese acuerdo. «Los beneficios de cuatro empresas siguen siendo desconocidos, pero sabemos que superan los 90 mil millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿a quién estamos sirviendo los profesionales de la salud?», sentencia Sendín.
