La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntaba a que Santiago Bernáldez habría colaborado con Ortiz en un delito de cohecho por el presunto pago de distintas cantidades de dinero en efectivo a Díaz Alperi
ALICANTE. Un tribunal ha vuelto a inculpar a uno de los sospechosos de colaborar en el pago de sobornos del empresario Enrique Ortiz al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, en el marco de la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta ciudad.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante considera "prematuro" declarar el sobreseimiento libre de la causa por prescripción del delito para este investigado, Santiago Bernáldez, según un auto notificado ayer a las partes.
La sala considera que el plazo, en abstracto, de prescripción del supuesto cohecho en este caso es de diez años y no de cinco, como interpretaba el juez instructor de esta pieza separada del denominado caso Brugal.
El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, acordó el archivo de la investigación de esta supuesta trama de corrupción relacionada con el PGOU alicantino hace unos meses.
El juez hizo lo propio con otro investigado, Pablo Rico, al entender que la responsabilidad penal de ambos se hallaba prescrita.
La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntaba a que tanto Rico como Bernáldez habrían colaborado con Ortiz en un delito de cohecho por el presunto pago de distintas cantidades de dinero en efectivo a Díaz Alperi.
Uno de estos supuestos sobornos, a los que los sospechosos se referían como "bocatas" o "bocadillos", tal y como revelaron las escuchas telefónicas realizadas por los agentes, ascendió a 174.000 euros que fueron extraídos en efectivo en una sucursal bancaria el 25 de octubre de 2008.
El dinero fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil, Asegur Ingeniería del Fuego SL, por un trabajo que los investigadores consideran "falso".
Esos 174.000 euros fueron retirados posteriormente en efectivo por uno de los administradores de Asegur, Pablo Rico, hechos en los que también habría participado supuestamente un hermano de Ortiz, Virgilio, que es a su vez directivo de algunas de sus empresas.
Según la UDEF, los 174.000 euros sirvieron para saldar las hipotecas de viviendas adquiridas por hijos de Díaz Alperi, entre ellos la también diputada autonómica por el PP Elisa Díaz.
En la investigación sobre el PGOU de Alicante, una de las veinte causas en las que se desgajó el caso Brugal, están investigados tanto Ortiz como Díaz Alperi y su sucesora en la Alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, de entre una decena de personas.
La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha vuelto a incluir como investigado en esta pieza a Bernáldez, pues entiende que en esta fase procesal "no hay razones que justifiquen la no aplicación del artículo 419" del Código Penal, que persigue el cohecho destinado a cargos públicos.
"Por todo ello, estimamos que la decisión adoptada es prematura, no existiendo base bastante para apreciar al prescripción del delito, sin perjuicio de lo que resulte al concluir la fase de instrucción, lo que determina la estimación del recurso" de la fiscalía y las acusaciones populares, razonan los magistrados en su auto.