Vicent Cucarella y Francisco Pérez, con el presidente de Les Corts, Enric Morera. Foto: EVA MÁÑEZEl pasado 23 de enero un servidor publicaba en la columna "La falacia de la infrafinanciación" la siguiente reflexión relativa la deuda de la Generalitat provocada por la infrafinanciación que padecemos desde el año 2002: "Otra cosa es el montante de la deuda que se ha contraído para tapar ese agujero anual, una cifra que crece de manera sorprendente en boca los políticos. En octubre de 2015 todos los grupos de Les Corts firmaron un documento exigiendo los "12.433 millones" de euros de deuda generada por la infrafinanciación entre 2002 y 2013. Un mes después, Puig elevaba la cifra a 16.000 millones y menos dos años después, en julio de 2017, el conseller Soler la elevaba a "unos 20.000 millones". Teniendo en cuenta que la infrafinanciación se ha cifrado en unos 1.300 millones al año, el redondeo de Soler parece excesivo, aunque está lejos de los 30.000 millones que reivindicó en diciembre Mónica Oltra, como portavoz del Consell.
Bien, pues no han pasado tres meses y la cifra ha crecido como la espuma hasta los 42.000 millones de euros, el 78% del total que debemos, y esta vez no en boca de políticos, sino de expertos, nuestros expertos, a los que los políticos valencianos se han apresurado a secundar utilizando el dato sin filtro ninguno.
Fue el director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Francisco Pérez, quien primero se vino arriba en Les Corts al afirmar, el 28 de marzo, que el 73,6% –unos 38.000 millones– de la deuda pública de la Comunitat Valenciana está relacionada con la infrafinanciación. Apenas dos semanas después, la Sindicatura de Comptes subía la apuesta en un informe realizado a petición de Les Corts. Según el organismo que dirige Vicent Cucarella, la cifra exacta son 41.926 millones, el 77,9% de todo lo que debemos.
Tanto el Consell como otros políticos de los partidos del Botànic no tardaron en quedarse con el titular y dar por hecho que la llamada 'deuda histórica' valenciana asciende ya a 42.000 millones, sin preguntarse como es posible esta multiplicación sin parangón desde el milagro de los panes y los peces hace 2.000 años.
De manera que lo que flota en el ambiente es que los responsables del 78% de los 53.820 millones de euros que debe la Generalitat son, por este orden, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez, por perpetrar o mantener un sistema de financiación autonómica perverso, y en ningún caso Zaplana, Olivas, Camps, Fabra ni menos aún Puig, que en 2021 solo elevó la deuda de los valencianos en 3.000 millones de euros.
Más allá de la sensible diferencia de 4.000 millones entre los cálculos de Paco Pérez y los de Cucarella, lo cierto es que la fórmula de cálculo empleada por ambos expertos no es nueva, pero si lo es la suma de churras y merinas: a la cifra que se manejaba por la diferencia de financiación con otras CCAA han sumado 20.000 millones que se explican porque el Estado no da al conjunto de las CCAA el dinero que les toca. Es decir, que aunque nos diera a los valencianos lo mismo que al resto, también estaríamos infrafinanciados porque todas las CCAA están infrafinanciadas.
Los cálculos de ambas instituciones se sostienen en datos ciertos, faltaría más, pero no se entiende qué ganamos inflando nuestra desgracia con una pirueta que puede acabar desacreditando la posición valenciana cuando le toque defenderla a los políticos. Una posición sustentada hasta ahora en estudios muy bien valorados que separaban claramente lo que es un agravio comparativo respecto al resto de CCAA de lo que es un problema de asignación de recursos entre las administraciones estatal, autonómica y local.
Es más, el cálculo de cuánto deberían haber recibido las CCAA para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales es discutible porque parece sustentarse en lo que efectivamente han gastado, sin entrar a valorar si lo han hecho eficientemente o no.
Desconozco cuál es el motivo por el que Pérez y Cucarella han decidido al mismo tiempo sumar ambas cifras, pero parece evidente el provecho que le va a sacar, que ya le está sacando, el Gobierno de Ximo Puig: le sirve para minusvalorar la gravedad del endeudamiento de la Generalitat y seguir gastando sin control.
Una forma de gobernar que el Consell defiende con el argumento de que los valencianos no pueden ser menos que el resto de España y que "gastamos menos que la media", mantra que era verdad pero que en estos momentos habría que comprobar tras haber aumentado el presupuesto un 62% en siete años. Así que, dicen, elevemos el presupuesto y gastemos como la media, o más si es necesario. Presumen no de gastar con eficiencia sino de gastar más que nunca. Y de esta forma se justifica la paulatina multiplicación de cargos públicos, asesores, comisionados, empresas públicas, oficinas, agencias y entes.
Al mismo tiempo y en clara contradicción con lo anterior, se insiste en trasladar la idea de que la desastrosa gestión de la Conselleria de Sanidad se debe a la falta de financiación, cuando, como dice en su informe el Síndic de Comptes, "este endeudamiento ha permitido al Gobierno valenciano prestar los servicios públicos fundamentales en unas condiciones parecidas al resto de territorios (en particular, en sanidad y educación)". Parecidas en presupuesto, porque el Gobierno de Puig no tiene menos dinero que el resto, tiene el mismo, solo que prestado en lugar de transferido. De hecho, en 2021 se endeudó en 3.000 millones de euros más porque, con la excusa de la pandemia, no reparó en gastos.
La gran pregunta que invito a responder al Consell, al Ivie y a la Sindicatura de Comptes es: si la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia van de la mano a la cola de la financiación autonómica desde 2002, por qué nuestros vecinos del sur no están ahogados por las deudas; por qué los valencianos somos los más endeudados de España en relación al PIB con un 47,8% y la Región de Murcia es la cuarta con un 34,1%. ¿Será que despilfarran menos?
