No somos serios

Últimamente existe una percepción negativa del funcionamiento de nuestras instituciones. Percepción que no es gratuita sino ganada a pulso. Existe una polarización de los discursos, una instrumentalización de las emociones. Todo ello aderezado con la estrategia partidista que marca el calendario electoral.

Así por ejemplo no es serio que los altos cargos de los partidos políticos se comporten como si de una película de mafia se tratara y se dediquen a usar recursos para “espiar al adversario” a veces  el enemigo es del partido contrario, otras veces del mismo partido. No es serio que un presunto delincuente (Villarejo), esté poniendo en jaque al país. No es serio que la Ministra de Justicia haya sido reprobada y no dimita. La agenda política no la puede marcar un preso. Como tampoco otro preso (Junqueras) debe decidir si se aprueban o no unos presupuestos generales del Estado.

Tampoco es de recibo que tengamos un presidente virtual de los catalanes en Bélgica, fugado de la justicia y que tengamos un presidente ejerciente del independentismo en las instituciones catalanas que desafía al Estado e incumple el ordenamiento jurídico que prometió acatar.

No es normal que las Asociaciones de Jueces y Fiscales tengan que comunicar al Ministerio de Trabajo su firme decisión de convocar huelga el día 19 de noviembre porque el Consejo General del Poder Judicial que debiera ser el órgano competente para su defensa, ni les defiende ni les reconoce el derecho de huelga.

Para colmo de los colmos, no es serio que el Tribunal Supremo dicte una sentencia que en inicio perjudica a la Banca y ante la alarma “social” generada, se decida volver a revisar, a través de una reunión plenaria de los Magistrados de lo contencioso del Tribunal Supremo para ver si se desdicen, si se aclaran o si la lían todavía más. Al final ha ocurrido esto último, la han liado y gorda. Cuando el magistrado Luis Diez-Picazo solicitó revisar la sentencia ya saltaron todas las alarmas, ya olía a chamusquina, y al final se ha impuesto la justicia económica sobre la justicia ciudadana. También en otra ocasión se estableció una nueva doctrina “Botín”. Fíjense en el nombre del protagonista. Es destacable la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007 de 17 de diciembre, por cuanto inaugura la conocida “Doctrina Botín”. En esta sentencia, que tiene seis votos particulares, se viene a dejar sin efecto de modo fáctico, la acción popular. A partir de entonces el Tribunal Supremo convierte en inoperante la acción popular en todos aquellos casos en los que el Ministerio Fiscal y la acción particular, esto es el perjudicado por el delito, soliciten el sobreseimiento de las diligencias en su fase previa a la apertura del juicio oral. En aquel momento no tuvieron en cuenta “la alarma social” que producía aquella sentencia, ni se anduvieron con aclaraciones o rectificaciones.

Si este país fuera serio ya hubiera dimitido el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y el Magistrado amigo de los bancos; “Luis María Díez-Picazo”.

Si no existieran tantas dudas sobre la independencia judicial no habría saltado ninguna alarma, ni tendría eco las resoluciones que en determinado sentido vienen pronunciándose desde hace más de 20 años. Hasta las mismas asociaciones judiciales vienen reclamando una reforma del Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos mayoritariamente por los jueces, como indica la Carta Europea del Juez, y no a través de los partidos políticos. En tanto esto no quiera modificarse por la falta de interés de los partidos políticos, existirá la duda sobre la independencia judicial.