ALICANTE. La Diputación de Alicante sigue anclada en un circo de vanidades: cada grupo intenta sacar sus mociones o iniciativas hacia delante, pero no se atisba intención de lograr un acuerdo bien para aprobar los presupuestos de 2017, bien para pactar un fondo de cooperación territorial. Y en caso de empate, el tránsfuga de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, se posiciona y decanta la balanza, sin molestar mucho al equipo de gobierno, no sea que sus privilegios salten por los aires. Pese a que el presidente, César Sánchez, sigue mostrando buena predisposición a alcanzar acuerdos, el PP da la sensación de mostrarse inflexible en determinados asuntos.
Ha vuelto a pasar este miércoles. El PSPV, que es el principal partido de la oposición, buscó que lo que viene persiguiendo desde hace meses: que la Diputación se sume al fondo de cooperación impulsado por la Generalitat. Presentó un moción para tal fin pero la tuvo que retirar porque el PP, a su vez, la había enmendado y convertía la proposición socialista en un "engendro".
"La retiramos porque no vamos a aprobar un engendro", ha dicho José Chulvi, portavoz socialista, ante una enmienda de Castillo en la que se suprimía la "obligación" a participar del Fondo y se garantizaba la participación en 2018 si la Generalitat asume las competencias "sociales propias" que en estos momentos sufraga la Diputación por valor de 25 millones anuales. Es decir, lo sabido: si la Generalitat asume el gasto sanitario de la Diputación, el PP accede a entrar al fondo de cooperación municipal. El bucle.
Pero posteriormente, los socialistas lograron su minuto de gloria al ser aprobada otra moción en la que se solicita la derogación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que fija un techo de gasto y que en 2017 supondrá que la Diputación tenga 22 millones de euros de superávit. Esta vez, Sepulcre fue decisivo y se alió con los grupos de izquierda.
Después le tocó el turno al PP, que logró desbaratar una moción de Compromís. La ausencia momentánea de dos diputados provinciales del PSPV -Fanny Serrano y Antoni Francés-, ha permitido al grupo 'popular' de la Diputación de Alicante sacar adelante una enmienda a la totalidad presentada contra una propuesta del grupo Compromís en la que se solicitaba al Gobierno central la ejecución del tramo sur del Corredor Mediterráneo.
La oposición al completo -incluido el diputado no adscrito Fernando Sepulcre- ha votado en contra de la enmienda del PP y a favor de la propuesta de Compromís y, de hecho, en un primer momento se ha dado por rechazada la enmienda y aprobada la proposición. Sin embargo, el diputado portavoz del PP, Carlos Castillo, ha advertido al propio presidente provincial, el 'popular' César Sánchez, y a la secretaria del pleno, que el resultado era el contrario por la no presencia de los dos diputados socialistas en el transcurso de la votación.
De esa manera, el PP ha sacado adelante su enmienda a la totalidad por 14 votos a favor y 13 en contra. En la propuesta, Compromís denunciaba que el ejecutivo de Mariano Rajoy estaba impulsando la conexión Algeciras, Madrid, Zaragoza, Barcelona, en detrimento de la conexión de Algeciras por Alicante y se reclamaba que impulsara la vertiente costera.
Por su parte, la enmienda a la totalidad finalmente aprobada es "una alternativa" a la propuesta de Compromís y reconoce que el ejecutivo de Rajoy respalda "al 100%" el proyecto que "suma, vertebra y acaba con la España radial". Y recuerda que la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de diciembre, ya reclamó al Gobierno "a que priorice el desarrollo del Corredor Mediterráneo y designe a un coordinador técnico en el Ministerio para dirigir y supervisar las obras".
La enmienda supone que la Diputación se suma a la proposición de la Comisión de Fomento para que "el Gobierno encomiende a la futura Oficina Nacional de Evaluación la definición de las inversiones y sus calendarios"; establezca como prioridades "teniendo en cuenta las opiniones de los operadores de transporte ferroviario, empresas industriales y logísticas, ADIF, Puertos del Estado y las CCAA afectadas"; y, "que se planifique la llegada del ancho normal o europeo teniendo en cuenta las inversiones en la infraestructura, material rodante e instalaciones industriales, de acuerdo con las necesidades de las empresas cargadoras y los operadores ferroviarios".
Compromís también ha conseguido que la institución provincial retire todos los honores y distinciones vitalicias otorgadas en el pasado al dictador Francisco Franco. A juicio de la coalición valencianista, se ha dado luz verde corregir esta "anomalía democrática imperdonable", en palabras de Gerard Fullana, como las distinciones de hijo adoptivo y predilecto, que nunca han sido retiradas formalmente. Fullana ha aducido el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y también ha extendido la retirada de honores a la mujer de Franco y a las "autoridades franquistas".
El grupo de Esquerra Unida del País Valencia (EUPV), por su parte, ha pedido ceder la competencia de entes como el auditorio provincial ADDA o los museos MARQ y Mubag a la Generalitat para ahorrar 25,7 millones de euros en los presupuestos de 2017. Esa medida es una de las seis enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución que este miércoles ha presentado la diputada Raquel Pérez. Ha argumentado que el objetivo es "agilizar la función de la Diputación de Alicante y ajustarnos a las competencias derivadas del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre las competencias de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes y sus funciones de coordinación tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local".
Según ha explicado, la Diputación "se extralimita en competencias que no le corresponden, dejando de realizar funciones básicas que están recogidas en la legislación y que no se cumplen como administración pública". Por ello, "nuestra primera enmienda se refiere a petición de elaboración de un informe técnico de necesidades de los 141 municipios alicantinos por áreas, incluyendo también al personal funcionariado y una priorización de acciones a abordar a corto y largo plazo, con una línea especialmente solidaria, además de un plan estratégico de subvenciones para el periodo que va desde 2017 hasta 2019".