El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, junto al exinterventor, durante el juicio en el que han sido condenados. FOTO:IJBIGASTRO. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a cuatro años y medio de prisión al exalcalde de la localidad, José Joaquín Moya (PSOE), por irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico, así como por apropiarse de un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre los años 2005 y 2006.
El Tribunal ha impuesto al exalcalde cuatro años, seis meses y un día de cárcel y 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.
Por su parte, la Sala ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el exsecretario-interventor por el delito de malversación, y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que José Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el entonces alcalde vendió a un promotor un suelo pendiente de recalificar pero que aún no estaba aprobado por la Generalitat y que, de hecho, nunca se llegó a aprobar. La empresa pagó más de 200.000 euros en efectivo de los que tan solo se ingresó una parte. El resto, según la sentencia, se lo apropió Moya mientras que el funcionario habría hecho la vista gorda. Un extremo que ambos negaron en el juicio, celebrado hace unos meses.
La sentencia es recurrible, por lo que las defensas estudiarán ahora si presentan. ese recurso. En el caso del funcionario, al haber sido condenado a la pena mínima de dos años de prisión, la defensa tratará de llegar a un acuerdo para evitar el ingreso en prisión del exinterventor, ya jubilado. En el caso de Moya ese acuerdo es más complicado, debido a que la condena asciende a los cuatro años y medio de prisión y se acumulan a otras sentencias condenatorias por hechos similares.
Además, Moya, deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro en la cantidad de 162.000 euros, recibidos por el pago realizado por Giesco el 9 de agosto de 2005, mientras que ambos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Bigastro en la cantidad de 150.000 euros recibidos por Moya como depositario y Saseta como Interventor, correspondiente al pago efectuado por la empresa el día 4 de agosto de 2006.
La coordinadora comarcal del PP en la Vega Baja, María Gómez, ha lamentado hoy "el legado que ha dejado la etapa socialista en el pueblo de Bigastro" y ha señalado que el PSPV "debería pedir perdón por las tropelías de su exalcalde Joaquín Moya al municipio".
Así lo ha señalado Gómez tras conocer la sentencia que condena al exalcalde de la localidad, Joaquín Moya, a cuatro años y medio de prisión y 11 de inhabilitación tras apropiarse de 127.000 euros del municipio, según la sentencia de la Audiencia Provincial. "Lamentamos estas actuaciones que se suman a otras causas enjuiciadas de Moya por las que el PSPV debería pedir perdón si no a la Vega Baja, por lo menos al municipio de Bigastro, que además sigue pendiente del pago en concepto de responsabilidad civil".
"Estamos cansados de escuchar lecciones de supremacía moral del PSPV, pero nunca les escuchamos pedir perdón por las irresponsabilidades de quienes fueron sus cargos públicos", ha añadido Gómez. "Más pedir perdón al pueblo de Bigastro y menos lecciones de moralidad, ya que curiosamente callan ante este tipo de actuaciones".
Gómez ha recordado que "incluso Ximo Puig propuso en la Vega Baja como números uno para los comicios del pasado mayo a alcaldes procesados o condenados cuando lo que tenía que hacer era apartarlos y no abrirles la puerta a más responsabilidades públicas", ha señalado Gómez.
