El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Generalitat, Ximo PuigALICANTE. La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante reclama para la Administración General del Estado más de 515.000 euros depositados en distintas cuentas abiertas en la provincia de Alicante, cuyos propietarios no han efectuado en los últimos 20 años movimiento alguno que implique el ejercicio de su derecho a la propiedad. Según la resolución firmada el 16 de diciembre por el delegado de Economía y Hacienda en la provincia, Antonio Rodríguez Laso, estos depósitos pasarán a manos del Estado si en el plazo de un mes los interesados no presentan reclamación alguna.
El procedimiento se apoya en el artículo 18.1 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según esta norma, aprobada en la anterior etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, el Estado puede reclamar los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna en los últimos 20 años por los interesados. Asimismo, entran en el mismo supuesto los depósitos en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, saldos de libretas de ahorro, cuentas corrientes u otros instrumentos financieros similares.
Entre los afectados por esta resolución se cuentan empresas que ya han desaparecido, como la antigua Unión Alicantina de Seguros S.A. (Unasyr), pero también otras que continúan activas, como Ibergest (antiguamente Limpiezas Brisa), Aquagest o Pavasal. Se trata de depósitos constituidos entre los años 1964 y 1984 en distintas oficinas bancarias de la provincia, superiores a 600 euros (al cambio, dado que todos se hicieron en pesetas en su momento), y cuyas cuentas no han registrado actividad en dos décadas. Una circunstancia entendible en aquellos casos en que las firmas que los realizaron han sido extinguidas, pero que resulta muy llamativa en otros casos cuyos propietarios siguen ejerciendo la misma actividad empresarial.
El depositario con un mayor volumen de entre los afectados es la constructora Obrascón Huarte-Laín (OHL), presidida por Juan Villar-Mir y con sede en el edificio Torre Espacio de Madrid. Este gigante de la construcción realizó varios depósitos en Alicante en los años ochenta, a través de una de las compañías que luego participó en la fusión de la que saldría la actual OHL: Sociedad General de Obras y Construcciones S.A. (Obrascon). Según la resolución, Obrascon tiene 261.000 euros en tres cuentas sobre las que no ha operado en más de veinte años, y que en el plazo de un mes pasarán a manos del Estado.
A ésta le sigue en volumen de depósitos afectados por la resolución del Ministerio la extinta Unasyr. La aseguradora alicantina, creada en 1979, fue liquidada en 2008 por el Consorcio de Compensación de Seguros tras repartir sus activos entre los acreedores personados en el proceso. Sin embargo, al menos 83.000 euros se quedaron sin repartir, en distintas cuentas abiertas en la provincia que ahora reclama Hacienda. La más antigua se abrió en 1981 y la más moderna en 1983, según los expedientes adjuntos a la resolución.
Otra empresa extinta cuyos depósitos olvidados pasarán a manos del Estado (si no media una improbable reclamación en el plazo de un mes) es el antiguo Bingo La Rambla S.A., cuyo local en los bajos de la plaza de San Cristóbal, junto a la entrada peatonal del parking, lleva cerrado años. Al parecer, una cuenta a nombre de esta empresa guarda 24.040 euros desde el año 1981. La Delegación de Hacienda también reclama 20.000 euros depositados en cuentas a nombre de Construcciones Rodrigo S.A. desde el año 1977, 24.040 euros de una cuenta a nombre de Alfredo García S.A. abierta en 1982, o 18.030 euros de Becomatrosa S.A. en una cuenta abierta en 1979.
La resolución también incluye depósitos a nombre de la constructora Agroman, hoy fusionada con Ferrovial, aunque se trata de apenas 3.000 euros en dos depósitos entre 1981 y 1984. Como curiosidad, se reclaman 9.000 euros a nombre de la valenciana Pavasal, que sigue activa, en varias cuentas abiertas entre 1976 y 1977, unos 1.200 euros en una cuenta a nombre de Aquagest (una de las marcas locales del grupo Hidraqua en la provincia) abierta en 1976, unos 5.000 euros en tres depósitos de Limpiezas Brisa o Enrique Briones (es decir, la actual Grupo Ibergest, especializado en limpieza de edificios), e incluso 1.900 euros de una cuenta constituida en 1982 por el Real Club de Regatas y el Tiro Pichón de Alicante.
Los depósitos inactivos más antiguos de entre los que reclama el Estado figuran a nombre de Antonio Villa Andreu, que los constituyó en 1964 y 1966, según la resolución. En total, algo menos de 3.500 euros.
La Delegación de Economía y Hacienda en la provincia de Alicante iniciará ahora los oportunos expedientes de prescripción de los citados depósitos, al amparo de la Ley 33/2003. Si en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución, firmada el pasado viernes, los interesados no presentan reclamación alguna "que justifique el derecho a seguir en propiedad de los citados depósitos", estos se considerarán automáticamente prescritos, por lo que "se declararán como bienes abandonados por sus dueños, siendo los mismos adjudicados al Estado".
