Mónica Oltra y el presidente de la Diputación de Alicante, cuando coincidieron en Fitur. Foto APALICANTE. A la tercera va la vencida. Este lunes se producirá finalmente el encuentro entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, con el fin de abordar la situación de la políticas sociales y cómo deben aplicarse en la provincia de Alicante. Sobre la mesa, el consabido debate de las competencias propias e impropias de las instituciones provinciales: quién debe gestionar el Hogar Provincial y el centro de salud mental Doctor Esquerdo. La Diputación quiere seguir con la gestión, pero sostiene que debe ser la Generalitat quien los financie pues a su juicio, corresponde, a la Conselleria de Sanidad o de Bienestar Social, según el caso.
Y en este asunto, parece que no hay dudas: sólo falta saber quién saca la chequera. Pero la Conselleria de Bienestar Social y Políticas Inclusivas que dirige Oltra quiere comprobar antes los números. Y es que, como se viene publicando, la Diputación estima en más de 20 millones de euros al año los costes del Hogar Provincial, el Doctor Esquerdo y el Instituto Pedro Herrero, más los gastos de teleasistencia, de lo que la Generalitat ya aporta una parte. En total, el gabinete de César Sánchez reclama una deuda histórica de 70 millones por los costes de los tres últimos ejercicios. "Lo único que es necesario es que articulemos una forma de financiar esos servicios que son competencia de la Generalitat Valenciana". Así, lo ha explicado el pasado viernes, quien ha insistido en que la administración autonómica recibe financiación para ello del Estado, aunque destina esos fondos "a otros usos". "Lo que queremos es que esa financiación llegue a quien está prestando esos servicios que es la Diputación", ha agregado. La Generalitat está dispuesta a estudiar el caso, pagar la cantidad, pero eso sí, asumir ellos propiamente la gestión.
El otro gran debate sobre la mesa es el que expondrá la propia Oltra, que planteará que se aplique la ley de Servicios Sociales del 97, por el que la diputación se hace cargo de éstas políticas en los municipios de menos de 10.000 habitantes y la Generalitat, en los que sobrepasen esa cifra. Al parecer, ya existen acuerdos con las instituciones de Castellón y Valencia para que cada diputación lo aplique así.
Como afirmó el pasado viernes, Mónica Oltra quiere que el encuentro permita "la normalización de las relaciones, como ya se produce con las diputaciones de Valencia y Castellón", con quienes ha dicho mantener una relación "fluida y normalizada". Frente a ello, ha expuesto que "el alejamiento y la competitividad" entre instituciones "en nada favorece a los ciudadanos de la provincia de Alicante".
