Miguel Zaragoza admite que su dimisión no fue aceptada y defiende la labor de la Clínica de Gran Alacant

ALICANTE. El pleno de la Diputación de Alicante ha debatido este miércoles la propuesta de Compromís para que los imputados del PP dieran explicacioness y, a su vez, que el responsable de Servicios Sociales y ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, fuera instado a dimitir por su investigación en el caso de la Clínica Gran Alacant, donde está acusado de supuesta malversación, prevaricación y cohecho, y por su procesamiento en el caso de los ruidos de un chiringuito en la playa de El Carabassí, en su etapa como alcalde.

En su réplica, Miguel Zaragoza que ha afirmado que presentó su dimisión "en el minuto uno" para evitar al PP una situación "parecida a la que se vive aquí". Sin embargo, ha defendido que el juicio oral lo tiene abierto no por corrupción, sino para abonar a unos vecinos unas cantidades económicas por unos ruidos que soportaban y que no tenían que soportar y porque "supuestamente el ayuntamiento no había hecho todo lo que tendría que hacer para evitarlo". "Asumiré todas las responsabilidades que me correspondan", ha defendido.

Sobre la investigación en Gran Alacant, Miguel Zaragoza ha señalado que declaró ante el juzgado por "posibles anomalías en la justificación del seguimiento de las bajas de los trabajadores". Así, ha explicado que esos seguimientos eran "en compensación por el canon" que debía pagar la clínica por el uso del local municipal. Sin embargo, no ha dicho nada sobre la supuesta contratación de familiares de ediles del PP, como su propia hermana, Pilar Zaragoza, en el centro médico.

Hay que recordar que el juzgado número dos de Elche investiga a Zaragoza, a su hermana, al edil Jorge Perelló, a dos candidatos del PP y a los propietarios de la clínica por alquilar unas dependencias municipales en la zona de Gran Alacant a cambio de contratar a familiares. Este miércoles, Zaragoza ha dicho que la clínica no pagó el canon anual -que es de 10.900 euros- porque a cambio debía llegar la gestión de las bajas de personal del consistorio. También ha afirmado que la concertación de la clínica se hizo con un pliego de condiciones y con un contrato donde se recogen las obligaciones de cada parte y que al final del año había que compensar el trabajo que hacía la clínica para el ayuntamiento, con el asunto de las bajas médicas, y el alquiler que debía satisfacer.