ALICANTE. Superada la posibilidad de su extinción, tras el pacto concertado para garantizar su transformación en sociedad de duración indefinida de capital 100% público, el clúster alimentario de Mercalicante trata de ampliar objetivos y se prepara para impartir formación vinculada a sus propias funciones. Por lo pronto, su consejo de administración prevé debatir este jueves una modificación de sus estatutos con el propósito de extender su objeto social de modo que se contemple la posibilidad de realizar "toda clase de actividades y la prestación de toda clase de servicios" que permitan mejorar la comercialización de productos alimenticios. Entre esas actividades, se plantea fundamentalmente la capacidad de proporcionar formación, pero también el impulso de labores de promoción o de transformación digital que ayuden a potenciar los resultados en el ciclo de comercialización.
La modificación se plantea tras el cierre de otro ejercicio con resultados positivos pese a los efectos de restricción del consumo asociados a la pandemia del coronavirus. En concreto, según fuentes consultadas, Mercalicante concluyó 2021 con un beneficio de más de 420.000 euros, algo menor que el registrado en el año precedente, de 437.000.
De igual modo, el clúster sigue presentando altos índices de ocupación, muy similares a los de 2020, que alcanzan el 100% en las instalaciones del mercado de mayoristas y el 95% en las naves. Eso sí, se habría registrado un descenso equivalente al 2,75% en el volumen de ventas de frutas, verduras y hortalizas. De ahí que se haya apostado por reforzar la formación para optimizar resultados.
En todo caso, el de la ampliación del objeto social para incluir el desarrollo de esas nuevas actividades formativas y de promoción no es el único cambio que se prevé someter a debate en el consejo. De igual modo, se pretende rebajar del 90 al 60% el quorom de representantes necesario para la adopción de acuerdos de trascendencia para la sociedad.
Y, por último, también se plantea la posibilidad de suprimir la exigencia disponer de un mínimo de 10 acciones para poder acudir a las reuniones de la Junta. Con ello, se pretendería ampliar la participación de los accionistas en la gestión de la sociedad y reforzar la transparencia en su funcionamiento.
