ALICANTE. El nuevo operador de Panoramis, la empresa Medimotors Gestión, pretende ampliar el abanico de posibilidades de negocio para relanzar el complejo, después de haberse convertido en su gestor como único postor interesado en el proceso de subasta. Ahora, la sociedad administrada por el empresario Juan Carlos Ramírez (expresidente del Hércules y socio de Enrique Ortiz) acaba de cursar una solicitud de modificación sustancial de la concesión que ha heredado de manos de Marina de Poniente (liderada, precisamente, por Ortiz, tras la salida de Vectalia y de otros accionistas minoritarios, antes de que fuese a liquidación) con el propósito de que el inmueble propiedad del Puerto pueda acoger también la instalación de oficinas.
En la actualidad, los usos contemplados en la concesión administrativa sobre el edificio son la instalación de locales comerciales, multicines y aparcamiento. La propuesta de Medimotors para tratar de reflotar el complejo que había trascendido hasta ahora se fundamentaba básicamente en esos mismos elementos. No obstante, la solicitud registrada ahora ante la Autoridad Portuaria pretende que se amplíen esos usos para tratar de imprimir un enfoque administrativo a las instalaciones. Esa petición se encuentra ahora en trámite de información pública para la presentación de alegaciones, como sucede con todas las solicitudes de modificación de concesión. En el momento en el que se resuelvan esas objeciones (si es que se registran), el consejo de administración del Puerto deberá decidir si concede o no esa modificación para amparar ese nuevo uso propuesto.
Como viene informando este diario, después de haberse convertido en el nuevo operador de Panoramis, Medimotors ha ofrecido a la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) la posibilidad de arrendar todo o parte del edificio para la instalación de las empresas que formen parte del proyecto del llamado Distrito Digital. De ahí que se haya tramitado ahora -y no antes- la solicitud de modificación de la concesión para poder albergar esas oficinas.
Por el momento, la sociedad pública adscrita a la Conselleria de Hacienda, se ha limitado a escuchar la propuesta, en el marco del proceso de búsqueda de locales de alquiler para oficinas que inició a finales de 2017, y se encuentra valorando las posibilidades del edificio con el propósito de determinar si puede ser una alternativa viable a medio plazo.
Esa conclusión dependerá de la capacidad operativa real del edificio, del importe de posibles obras que pudiesen resultar necesarias y del precio del arrendamiento. Para ello, la SPTCV ha encargado estudios internos que todavía estarían en fase de elaboración, según pudo confirmar este diario.