VALÈNCIA. El socialista Pedro Sánchez obtuvo este jueves los votos necesarios para convertirse de nuevo en presidente del Gobierno. Una investidura marcada por sus acuerdos con las formaciones independentistas, ERC y Junts, que han sido objeto de importantes manifestaciones por incluir, en especial, una Ley de Amnistía para exculpar a los implicados en el 'procés'.
Ahora, además de las protestas que amenazan con proseguir en los días siguientes, la agenda política nacional se centrará también en quiénes serán los elegidos para el próximo Gobierno de España. No obstante, quizá de forma algo más sosegada, comenzará a dibujarse una agenda paralela en los territorios autonómicos, en su mayoría gobernados por el PP, que en cinco casos, comparte ejecutivo con Vox.
Esa agenda paralela, en la que estará integrado el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, será a buen seguro reivindicativa. En Pedro Sánchez se conjugan todos los elementos necesarios para que el líder del PPCV y jefe del Consell concentre su fuego político en esta figura, apuntalando así la tarea de oposición que capitanee su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid. Una estrategia que, de concretarse, recordará a la ofensiva constante que mantuvo en su día el PPCV de Francisco Camps contra el socialista Rodríguez Zapatero.
Así, la investidura de Sánchez y su manera de alcanzarla, unida a las cuestiones pendientes de la agenda valenciana, el presidente de la Generalitat tiene ante sí un arsenal de munición casi infinita para, como mínimo, buena parte de la legislatura. Más aún tras algunas pistas que dejó el propio debate en su primera jornada: por ejemplo, Sánchez no fue ni mucho menos contundente a la hora de comprometerse a la cacareada reforma del sistema de financiación caducado desde 2014 y que la Comunitat Valenciana (todas las fuerzas políticas excepto Vox) viene reivindicando desde hace casi una década. Es más, el líder socialista señaló que, aunque esta remodelación "sería buena", estaba condicionada a las autonomías donde el PP gobernaba con Vox. Un debate este que amenaza con durar otra legislatura más sin resolverse.
Mientras esto ocurre, el jefe del Consell hará uso de toda la artillería disponible -ya lo ha advertido- para conseguir que la Comunitat obtenga una condonación de la deuda -la Plataforma pel Finançament habla de 33.000 millones de euros, el 70% del total-, dado que Sánchez ha pactado con ERC una quita que debe hacerse extensiva al resto de autonomías.
Pero no serán estas las únicas herramientas con la que contará Mazón para apretar las tuercas a Sánchez. Ejemplo de ello fue el respaldo institucional al acto para acelerar el Corredor Mediterráneo celebrado este mismo jueves en Madrid con 1.800 empresarios. "Es un retraso injustificable", sentenció el jefe del Consell durante el evento, en una reivindicación que a buen seguro va a ser una de las puntas de lanza del líder del PPCV en esta legislatura, quien probablemente ponga además la lupa en comparar el trato con Cataluña en este tipo de inversiones.
En esta línea, Mazón también aplicará toda la presión posible en los próximos presupuestos generales del Estado, con especial atención a la provincia de Alicante, que en los últimos años no ha salido especialmente bien parada, sino más bien todo lo contrario. Precisamente en este territorio, otro asunto fundamental es el agua, en especial en la Vega Baja: el Consell presentó recientemente cuatro recursos frente a "los últimos cuatro recortes mensuales de agua del trasvase Tajo-Segura" hacia la Comunitat Valenciana. Un reproche más en este caso que hacia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las personas más próximas a Sánchez en el Ejecutivo.
Al margen de estas cuestiones concretas u otras que vayan surgiendo, otra circunstancia que invita a anticipar esta batalla entre la Generalitat Valenciana y el presidente del Gobierno es el propio clima bajo el que ha nacido esta investidura. Durante las negociaciones se produjo una declaración institucional del Consell contra la amnistía y, ahora, el propio Mazón ha asegurado que están estudiando posibles recursos en los tribunales. Además, el jefe del Gobierno valenciano ya reclamó públicamente una Conferencia de Presidentes de las CCAA para abordar la investidura, igual que en repetidas ocasiones ha pedido al Gobierno la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Una serie de pistas que apuntan a cómo el presidente de la Generalitat ha comenzado a dirigir sus ataques hacia el Gobierno de España, tratando de orillar lo máximo posible a la oposición valenciana, en una estrategia de legislatura. Uno de los factores que podrían añadir interés a esta contienda es el nombramiento de algunos ministros valencianos -aparte de Diana Morant, suena el propio expresidente Ximo Puig-, lo que daría al PSPV un punto de apoyo y un altavoz para contraatacar y proteger su espacio frente a los populares valencianos.