VALÈNCIA. El encargado de la puesta en marcha de uno de los proyectos estrella del PP para esta legislatura ya tiene nombre: Francisco Ortega Albero. Será el director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat, el departamento a través del que se pretende lograr una considerable reducción de la burocracia en el ámbito de la Comunitat Valenciana. El reto, desde luego, no resulta sencillo, por lo que el Consell ha optado por nombrar un perfil técnico y joven.
Dependerá orgánicamente de la Secretaría Autonómica de Presidencia que ostenta Cayetano García. De hecho, la propuesta ha partido de él y se trata de una persona de su confianza. Según figura en su currículum, Ortega finalizó en 2015 los estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en la Universitat Politècnica de València (UPV). Posteriormente, realizó un máster de Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos.
Ha sido manager de riesgos tecnológicos en la consultora EY en Madrid y anteriormente ocupó el puesto de manager y analista de sistemas y procesos en PriceWaterhouseCoopers (PwC). Actualmente se encontraba en un proyecto en Catar.
Su campo de trabajo ha consistido, principalmente, en analizar procesos digitales de las empresas y, a través del análisis y la revisión, proponer mejoras que reviertan en una optimización de costes y en una mejor eficiencia en el tiempo que toman los procesos.
Desde el Consell explican que la intención era buscar a un graduado en telecomunicaciones y experto en sistemas tecnológicos y digitales para acometer "la verdadera digitalización de la administración". La idea, destacan, no es sólo sustituir el papel sino "eliminar de la cadena trámites innecesarios ineficientes que lastran los procesos internos de la administración".
El proyecto al que se comprometió el PP en campaña incluía el llamado 'Canal Empresa', una plataforma virtual en la cual los empresarios y los autónomos puedan ver en tiempo real dónde se encuentra su expediente y en la mesa de qué funcionario o funcionaria está. Según explicaron, permitirá que exista una interconexión entre todas las administraciones públicas para todos aquellos procedimientos que no dependan únicamente de una administración. Esto es, involucrando a ayuntamientos, Generalitat o a cualquier otra entidad.
"La verdadera importancia reside en que va a poder conocer el estado del expediente y detectar los cuellos de botella dentro de la administración para poder ayudar a aligerar la carga burocrática y administrativa en aquellos sitios donde se esté produciendo un embudo en la tramitación de licencias o expedientes administrativos", aseguraron.
Otras actuaciones que incluyeron en el proyecto consistían en auditar los procedimientos para identificar las duplicidades y eliminar los innecesarios; o en aprobar una Ley de Simplificación Administrativa para la Reactivación Económica de la Comunitat Valenciana en la que se aglutinaran todos los procedimientos a simplificar "con el fin de generar mayor seguridad jurídica".
Los populares también incidieron en que se garantizara la atención presencial a los ciudadanos en los trámites con la Administración y se comprometieron a ampliar el ámbito de actuación del silencio administrativo, dentro de los márgenes de la Unión Europea, para aplicarlo a los actos de trámite del procedimiento de concesión de licencia, incluyendo la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a causa del silencio negativo por causa imputable a la propia Generalitat. .
Otro punto del plan era la simplificación en la tramitación de todas las licencias de actividad con la modificación de la ley de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana; y lo mismo respecto a las licencias de urbanismo con el cambio del decreto del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup).
Precisamente sobre la Lotup ya se ha dado el primer paso. El pasado septiembre salió a exposición pública la modificación de ciertos artículos de esta norma a través de la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. El objetivo era agilizar la obtención de las licencias e impulsar la colaboración público-privada. Más concretamente, lo que se pretende es regular por ley el papel y competencias de estas entidades externas colaboradoras, conocidas como ECUV.
Se trata de firmas privadas, que pueden ser desde colegios profesionales hasta empresas, que cuentan con la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación en España (ENAC) y que deben estar inscritas en un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas (RECUV) para poder emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia.
Con esta modificación legislativa se pretende acelerar la concesión de licencias urbanísticas, pero con pleno respeto a los criterios interpretativos que, previamente, hayan podido adoptar los ayuntamientos. No se trata de la única revisión de la Lotup. El Consell también quiere implementar la licencia básica para proyectos estándar para que los consistorios puedan otorgar permisos de obra, de actividades y ambientales en un periodo razonable. Según el PP, en unos 30 días.