Mazón insiste en la voluntariedad del Fondo de Cooperación; el PSPV le acusa de querer el 'modelo Zaplana'

VALÈNCIA. El presidente de la Diputación de Alicante y candidato a presidir el PPCV, Carlos Mazón, ha urgido este lunes a Presidencia de la Generalitat a negociar y a llegar un acuerdo con el Fondo de Cooperación Municipal, donde ve una clara "amenaza" de inconstitucionalidad por no considerar a las diputaciones "como entidades locales que son". ¿"Por qué utilizarlo como un arma política en este momento?", se ha preguntado en la comisión de Administración Local de Les Corts, mientras el diputado socialista José Chulvi le ha preguntado si prefiere "el método Zaplana de dar dinero a los ayuntamientos que rinden pleitesía".

El proyecto de ley del fondo de cooperación afronta la fase de participación ciudadana, a tres días de que la Generalitat transfiera a los ayuntamientos de Valencia y Castellón el tramo correspondiente al primer semestre de 2021, 20 millones de euros. Este lunes, las Cortes han acogido la primera de las sesiones de debate de participación, entre grupos parlamentarios y expertos. Con matices, los grupos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem han defendido el texto, avalado por el Consell Jurídic Consultiu, con alguna aseveración, y rechazado por PP, Vox y los no adscritos. Ciudadanos ha mostrado una postura equilibrada.

En su intervención, a petición propia, Mazón ha acusado al gobierno valenciano de "desgraciadamente" tramitar este fondo sin contar con la Diputación de Alicante, algo que ha recordado que le prometieron en una reunión en el Palau de la Generalitat "y no ha sido así" porque llevan "cinco meses" esperando a que convoque la comisión bilateral.

Con todo, ha garantizado que mantiene la esperanza y una actitud "propositiva" para negociar el proyecto "sin mayor polémica que la que están generando los partidos del Botànic" (PSPV-Compromís-Unides Podem). "Estamos a tiempo", ha defendido abogando por un fondo colaborativo sin "imposiciones absurdas". Pero ha querido dejar claro que los ayuntamientos de Alicante no van a recibir más dinero solo por adherirse, ya que "solo se está discutiendo el cómo" y el presupuesto de la Diputación es el mismo.

A su juicio, lo más negativo del fondo es que se trate a las diputaciones "como si no fueran entidades locales" y se les "obligue" a sumarse, además de priorizar a los municipios "ricos y grandes" en detrimento de los más pequeños y pobres.

El 'popular' ha aventurado que "la única razón es la escasez de recursos de la Generalitat" y ha lamentado que "siempre pagan los mismos de siempre". Por contra, ha defendido que el plan '+Cerca' de la Diputación de Alicante está dotado de 30 millones, más del doble de los 13,7 que deberían repartir en el fondo, y contó con "el consenso de los partidos del Botànic".

Y ha contrapuesto la postura de Presidencia con la de la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad al negociar la Ley de Servicios Sociales "con la mejor de las predisposiciones: La Diputación tendió la mano y Mónica Oltra tendió la mano".

Como réplica a Mazón, el diputado del PSPV por Alicante se ha preguntado "a qué ha venido" al parlamento y ha dudado que algún ayuntamiento de esta provincia no quiera sumarse al fondo. Tras acusarle de discriminar a los alicantinos, ha denunciado que la Diputación lleva "68.5 millones" sin transferirles en los últimos años.  Asimismo, Chulvi ha denunciado que la negativa de la Diputación de Alicante a sumarse al fondo “condena a la discriminación a los ayuntamientos alicantinos”. “Usted ha venido aquí a defender que un ciudadano de Oliva reciba más dinero que uno de Pego, por estar en provincias diferentes, pese a encontrarse a 5 kilómetros de distancia”, ha lamentado el diputado socialista, que ha criticado que Mazón defienda ahora “que lo que Zaplana decía en 1999 cuando propuso la creación del fondo ahora no es válido”. “El Fondo de Cooperación es una herramienta para dotar de más autonomía financiera a los ayuntamientos”, ha defendido Chulvi, que ha subrayado que “a los municipios alicantinos han dejado de llegar 68,7 millones de la Diputación de Alicante, más de 13 millones al año, porque la Diputación de Alicante ha dado la orden de no pagar”. “Prefieren hacer partidismo que ayudar a los municipios”, ha censurado. Y ha añadido que “si la comisión bilateral con la Generalitat no se ha convocado es porque Mazón se equivocó en los nombramientos, demostrando una vez más su nula capacidad de gestión”

Entre el resto de grupos, Compromís ha echado en falta más propuestas para mejorar la ley y UP ha lamentado el "atrincheramiento" de Mazón, mientras tanto Ciudadanos como Vox han coincidido en que el fondo es inconstitucional.

Sin embargo, la formación naranja sí que ha introducido matices. Su portavoz, Mamen Peris, ha dicho que su formación está a favor del fondo como instrumento, pero ha mostrado su discrepancia porque no se beneficie a los municipios pequeños, como sí hacen, por naturaleza, las diputaciones provinciales.  Peris también ha introducido otros de los argumentos que, por ejemplo, esgrime la Diputación de Alicante para rechazar su participación: las competencias impropias, es decir, los gastos que asumen, que corresponden a la Generalitat y les lastra para destinar al Fondo de Cooperación. Asimismo, la diputada de Cs ha exigido que se tenga en cuenta el déficit inversor en Cultura. "Fondo sí, pero había que corregir estos déficits o mejoras", ha afirmado.

Gaspar y Martí defienden el fondo

Por la comisión también han pasado los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, Toni Gaspar y Josep Martí, ambos socialistas, que han recordado que el fondo de cooperación está recogido en el Estatut d'Autonomia.

El primero ha defendido que este mecanismo sirve para reducir la burocracia y que están a favor "los alcaldes de todo color político", por lo que cree que la postura de Mazón son ganas de hacer ruido o una estrategia, lo que ve cansino. "El dinero al final es de la gente", ha recalcado.

Y Martí ha advertido que las diputaciones no pueden "huir" de su obligación de garantizar la suficiencia financiera de los municipios. Ha planteado además la posibilidad de realizar aportaciones extra al fondo mediante transferencias incondicionadas "en todo lo que sea posible legalmente".

La sombra de la inconstitucionalidad

Más allá del del debate político, sobre la obligatoriedad de la participación de las diputaciones en el fondo, y de los criterios de distribución de los fondos, el gran debate se ha generado en la posibilidad inconstitucionalidad del texto en una cuestión, si la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, con el Fondo Municipal incluido, vinculan la aprobación de las cuentas de las diputaciones, algo que "atentaría a la autonomía provincial", según ha comentado el experto Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, ex magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ. 

"Como procedente, la ley de Cantabria -que ya está aprobada-, que es uniprovincial,  no se puede vulnerar la autonomía provincial", ha indicado Ayuso, que ha considerado, a preguntas de los diputados, que un recurso de inconstitucionalidad sí que tendría visos de prosperar. Ayuda ha citado el caso de la ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, sí que fue avalada por el Constitucional, pero con unos condicionantes, que también el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sí que ha tenido en consideración y ha recomendado para este caso.