ALICANTE. El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, buscará el acuerdo político con la Ley de Fondo de Cooperación Municipal, que actualmente tramitan las Cortes Valencianas, y de la que discrepa abiertamente los dos partidos. En un principio, populares y naranjas tenían contemplado presentar alegaciones y hacerlo con el aval de un informe jurídico que habían elaborado los servicios jurídicos de la institución. Sin embargo, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles, durante la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, la decisión del equipo de Gobierno de la institución provincial de aplazar la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat en aras del diálogo y la búsqueda de acuerdo.
Con este fin, se ha retirado del orden del día la propuesta de enmiendas de la Diputación, ya que, tal y como ha señalado Mazón, “queremos apurar todas las vías del diálogo, porque estoy convencido de que si hay voluntad, habrá acuerdo”. Por ello, el presidente de la institución ha solicitado comparecer en les Corts Valencianes, junto a los expertos, para exponer la postura de la institución y los informes jurídicos y técnicos que “de forma rigurosa” la respaldan, apelando entre otras cuestiones a la autonomía local.
Además, ha solicitado la convocatoria de la Comisión Bilateral entre la Diputación y la Generalitat para abordar esta cuestión “y buscar soluciones en ese foro de diálogo”. “Tiempo habrá –ha añadido- para enmiendas en las Cortes Valenciana si esto falla y para tratar de evitar, cosa que no queremos, otras vías”. El dirigente popular ha insistido en la voluntad de consenso y ha recordado, al respecto, que desde la presidencia de la institución provincial “se han pactado hasta cuatro fondos o estrategias de inversión en esta legislatura”.
Como vienen reivindicando PP y Cs, hay tres razones que impiden a la Diputación de Alicante sumarse al Fondo de Cooperación -que reparte fondos para los ayuntamientos en función de la población y con la aportación de Generalitat y diputaciones-. Entre esas razones, destaca la obligatoriedad de sumarse al fondo, como prevé la ley; el método de reparto de los recursos económicos, que actualmente benefician más a los municipios más grandes y PP y Cs piden que se prime a los más pequeños, y por último, que la Generalitat asuma las competencias impropias que actualmente gestiona la Diputación -la gestión del Hogar Provincial y del centro de salud mental Doctor Esquerdo- para liberarle unos 20 millones de su presupuestos.
Compromís acusó a Mazón de hacer marketing político con este asunto y le ha afeado que con el dinero que dejará de ingresar la Diputación de Alicante con el tema de la rebaja del IAE, la institución podría haber puesto en marcha el 25% del Fondo de Cooperación, según ha dicho el portavoz, Gerard Fullana. "Muestro mi disconformidad con la estrategia del equipo de gobierno en este asunto", ha insistido.
Por su parte, el portavoz socialista, Toni Francés, ha destacado que se apueste por el diálogo con la Generalitat para llegar a un acuerdo y que la provincia de Alicante sea la gran perjudicada por el reparto de fondos, pues al no sumarse la Diputación de Alicante, los municipios de la provincia no reciben esa parte, como sí ocurre con Valencia y Castellón. Francés sí que ha insistido en el que la participación de la Diputación de Alicante debe ser obligatoria, a diferencia de lo que defienden PP y Cs, para que se consolide, gobierne quien gobierne. "Espero que haya acuerdo y que no se judicialice el asunto", ha recalcado.