VALÈNCIA. El exportavoz del PSPV en Les Corts Valencianes Manolo Mata ha tenido este martes su primera gran intervención desde que regresó a la abogacía después de dimitir de sus cargos. Ha sido en el juicio del conocido como caso Alquería, en el que defiende a uno de los contratados de manera presuntamente irregular en la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia–.
Mata, en un discurso que ha recordado a sus argumentaciones políticas desde la tribuna del Parlamento autonómico, ha aprovechado para hacer a través de Alquería una crítica sobre la mayoría de investigaciones de corrupción que están en marcha. "Es una pieza separada de una causa general contra la política democrática valenciana. A través de esa causa general se está consiguiendo cambiar instituciones públicas y detener a personas sin que sepamos muy bien por qué", ha afirmado.
Unas palabras que suponen un ataque directo a la manera de actuar de la Fiscalía en este y en otros procedimientos y que ahondan en el enfrentamiento que mantiene con Anticorrupción. Actitud ya demostrada en el caso Azud, donde figura como abogado el considerado cabecilla de la supuesta trama. Hoy, ha llegado a acusar al fiscal de buscar para Alquería un juzgado acorde a sus propios intereses, puesto que firmó la denuncia pero no la presentó hasta que el instructor de la causa estuvo de guardia.
Mata ha hablado de "inquisición general" y ha cuestionado el propio origen de la causa. "No sabemos si estamos aquí por algo que descubrió la Fiscalía en el caso Taula, no sabemos ni cómo se inicia este procedimiento", ha señalado.
El caso Alquería es, en su opinión, una investigación "meramente prospectiva" en la cual no se indaga en hechos concretos, sino que se produce una "constante búsqueda de supuestos delitos". Como ejemplo, ha mencionado que se solicitaron "todas las titularidades de los investigados" por si "pudiesen haber cometido otros delitos con los sueldos que percibieron de Divalterra".
Mata ha apoyado igualmente varias de las cuestiones previas planteadas por el resto de las defensas: la expulsión de las acusaciones populares, la falta de motivación del secreto del sumario, las vulneraciones cometidas con la intervención de los correos y conversaciones de los acusados o el criterio de selección de material por parte de la Policía.
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones