España tiene una asignatura pendiente con la inserción laboral de las personas con discapacidad. La tasa de empleo es del 23%, los incentivos para su contratación no terminan de funcionar y no se controla el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para las personas con discapacidad en las empresas con más de 50 trabajadores.
ELCHE. El Centro de Congresos de Elche acoge del 15 al 17 de noviembre el I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad al que está previsto que asistan alrededor de 200 personas. Hablamos con el profesor titular de Filosofía del Derecho de la UMH y coordinador del congreso, Antonio Luis Martínez-Pujalte, para conocer los detalles de este evento y hacer un diagnóstico sobre la situación en la que nos encontramos.
¿Cómo y de dónde surge el primer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad?
Surge del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de la Fundación Derecho y Discapacidad. Hace 10 años que se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional aprobado por la ONU y ratificado por España, y parecía necesario hacer un examen de cómo está la legislación española en materia de discapacidad. Pasar revista por primera vez, desde un punto de vista transversal, a la situación en la que se encuentran los derechos de las personas con discapacidad en España teniendo en cuenta todas las áreas del derecho.
¿Qué materias se van a abordar?
Como es un congreso transversal se van a tratar muchas materias: desde el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, la educación, un tema muy importante que está pendiente de reformar la legislación española que es el relativo a la capacidad jurídica y a la regulación del código civil sobre la incapacitación, de fiscalidad en relación con la discapacidad y de la inserción laboral de personas con discapacidad; entre los temas más relevantes.
España está bien en algunos temas y mal en otros. Está bien en materia de igualdad y especialmente mal en la inserción laboral de personas con discapacidad.
Hablaba usted de pasar revista a estos 10 años, ¿en qué punto estamos?
España está bien en algunos temas y mal en otros. Está bien en el sentido de que tenemos una legislación en materia de igualdad de las personas con discapacidad avanzada. España fue pionera en el año 2003 con una ley que fue referencia a nivel internacional y eso ha permitido que, por ejemplo, se haya condenado a los responsables de un estalbecimiento hotelero por no haber permitido como clientes a personas con discapacidad intelectual.
Y luego, en cambio, hay otros aspectos en los que estamos mal y uno en el que estamos especialmente mal, en comparación con la media europea, es el relativo a las tasas de inserción laboral de personas con discapacidad.
¿Y qué cifras tenemos?
Muy bajitas. En España la tasa de empleo de personas con discapacidad es del 23% que está en el entorno de 40 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad que se sitúa ligeramente por encima del 60%. Esto es una cifra muy baja que, además, si se compara con el resto de la Unión Europea se demuestra que se pueden hacer las cosas mejor.
La media de la Unión Europea en la tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 46% y aunque la tasa de empleo de las personas sin discapacidad también es más alta, está en el 70%, lo cierto es que hay menos diferencia. En España la diferencia de las personas con discapacidad y sin discapacidad es de 40 puntos, en Europa la media es de 20 puntos aproximadamente y hay países como los nórdicos o Alemania donde más de la mitad de las personas con discapacidad tienen un puesto de trabajo. Entonces es un tema sobre el que hay que reflexionar porque además España tiene desde hace tiempo incentivos a la contratación de personas con discapacidad pero la realidad es que estos incentivos no han funcionado y hay que plantearse una nueva estrategia para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
LA CUOTA DE RESERVA QUE HAY EN ESPAÑA ES MUY BAJA, SOLO DEL 2%, Y ADEMÁS SOLO AFECTA A LAS EMPRESAS DE MÁS DE 50 TRABAJADORES.
¿ Y dónde está el error, en el empresario por desconocimiento, en la falta de motivación desde las instituciones…?
Es muy complejo pero hay varios aspectos que no funcionan bien. Es un tema que depende de la legislación, que hay que mejorarla, pero que también depende mucho de la concienciación de los empresarios.
Por un lado, desde el punto de vista jurídico hay que mejorar la legislación en dos sentidos: En primer lugar, una de las vías más eficaces para contratar a personas con discapacidad es establecer una cuota de reserva, es decir, obligar a las empresas a que contraten a algunas personas con discapacidad. La cuota de reserva que hay en España es muy baja, solo del 2%, y además solo afecta a las empresas de más de 50 trabajadores mientras que hay otros países donde la cuota de reserva es más alta, llega a ser del 5% en algún país, y se aplica en empresas más pequeñas, a partir de 20 trabajadores. Ése es un tema que hay que cambiar.
Luego, además, resulta que hay muchas excepciones a la cuota de reserva. Las empresas se pueden exonerar de cumplir esa cuota de reserva, por ejemplo, dando una subvención a una asociación de personas con discapcidad pero eso no genera empleo por lo que hay que replantearse la cuota de reserva.
Luego, otro tema es que la cuota de reserva se cumpla porque además de que no está bien diseñada, es que en España no se cumple. El 85% de las empresas que están obligadas, de más de 50 trabajadores, no cumple con la cuota de reserva. ¿Por qué no cumplen? en primer lugar porque la inspección de trabajo no lo controla, con lo cual otra de las cosas que hay que reclamar es que se controle el cumplimiento de las leyes y luego sí que hace falta un gran esfuerzo de sensibilización e información. Las empresas tienen que conocer mejor la discapacidad y las posibilidades de empleo que tienen las personas con discapacidad.
Otra cosa es que en España lo que hemos establecido son subvenciones. Una empresa contrata a una persona con discapacidad y le dan tres mil euros pero eso no sirve para mucho. Haría falta, a lo mejor, que las subvenciones fueran más altas y que estuvieran estrictamente vinculadas a la adaptación del puesto de trabajo y que esos gastos los subvencione el Estado.
Volviendo al evento, ¿a quién va dirigido el congreso?
Interesa a dos tipos de público. Por un lado a los juristas: abogados, profesores universitarios… que es muy importante que los juristas conozcan a fondo esta rama del derecho que se empieza abrir paso que es el derecho de la discapacidad. Y por otro lado, también es muy interesante para las propias personas con discapacidad y las asociaciones de personas con discapacidad porque al final lo que se va a ofrecer son pautas para reaccionar frente a las discriminaciones y lograr una mejor protección jurídica de las personas con discapacidad.
Por último, las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden inscribirse?
Las interesados tiene que dirigirse a la página web congreso.fderechoydiscapacidad.es donde encontrarán toda la información, el programa y podrán inscribirse.