Las instalaciones de la sala de fiestas.ALICANTE. Los gestores de Marmarela (la empresa Puerta de Mar y Ocio) también terciaron en la controversia sobre el funcionamiento de las instalaciones este mismo lunes con el registro de un escrito en el Ayuntamiento de Alicante en el que instan al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), a abrir una investigación interna sobre el expediente de tramitación de su licencia y a "reconocer la legalidad del complejo".
En concreto, en su escrito, los responsables de la sala insisten en que, desde que se inició el expediente de su licencia de apertura, en 2014, se habría tratado de bloquear o impedir su funcionamiento desde el "departamento de disciplina urbanística" pese a que, según sostienen, se disponía de todo tipo de autorizaciones. Entre esa documentación, subrayan, figuraría un certificado del Ministerio de Fomento "que demuestra que el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP)", en vigor desde el año 2006, confirma "claramente la compatibilidad de los usos en el muelle 14" que ampararían su actividad. Sin embargo, siempre según Marmarela, el departamento de disciplina urbanística rechazó la compatibilidad urbanística solicitada "obviando deliberadamente" ese PUEP tras hacer una "errónea y mala interpretación del Plan Especial del Puerto de Alicante".
Por ello, piden a Pavón la apertura de "una investigación interna que permita depurar las responsabilidades y reconocer la legalidad del complejo". Según los gestores de la sala, no sólo por considerar que sigue teniendo eficacia la licencia de actividad definitiva que se les concedió en diciembre de 2014, sino también después de que la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) presentase el informe del Organismo de Control Administrativo externo que, a su juicio, actúa como "garantía para la licencia del complejo".
En esta línea, los responsables de la mercantil creen señalaron a través de un comunicado que "Pavón tiene ya toda la documentación de nuestra licencia de apertura y, si no toma medidas, llevaremos ante los tribunales todo el expediente administrativo para demostrar que nuestra mercantil ha sido y sigue siendo la víctima o el daño colateral de la política peor entendida, y para exigir los daños y perjuicios que sufrimos en 2014 y los generados en los últimos meses".
Los responsables de la sala advierten por escrito del inicio de acciones legales contra los responsables del departamento de disciplina urbanística
Según los gestores, "estas nuevas acciones legales se sumarían a las ya emprendidas la semana pasada contra la Autoridad Portuaria de Alicante, a quien exigen judicialmente que desestime la anulación de ocupación de los terrenos portuarios del complejo Marmarela, dictaminada con fecha 24 de abril, en la que se apoyó Pavón para decretar el cierre de las instalaciones la semana pasada".
En ese comunicado, los responsables de Marmarela aseguran que "Gisbert y Pavón, incomprensiblemente, no sólo están actuando contra nuestra mercantil sino contra la prestación de los servicios para la Volvo Ocean Race acordados con la Generalitat, intentando a cualquier precio el cierre de un complejo que consideran herencia del pasado, sin valorar de forma objetiva si cumplía y cumple con la legalidad, si permitió y permite la recuperación de la dársena interior del puerto y genera desde entonces ingresos para las instituciones públicas, y si benefició y beneficia a la ciudad como oferta de ocio de calidad, integrada en Alicante, sin molestia alguna, y generadora de un centenar de puestos de trabajo".
Por último, en su escrito llegan a advertir directamente sobre el alcance de las acciones legales que estarían dispuestos a emprender frente a los técnicos del departamento de disciplina urbanística al considerarlos responsables de "dos delitos de prevaricación".
Como ya ha informado Alicante Plaza, la Concejalía de Urbanismo viene insistiendo en que todas sus decisiones respecto al funcionamiento de la sala de fiestas, como con el resto de actividades que se desarrollan en la ciudad, están guiadas por la aplicación de la normativa en vigor para evitar incumplimientos y distinciones de trato.
