Obras de remodelación del polígono de Puente Alto, en imagen de archivo. Foto: APORIHUELA. La ampliación del área industrial de Orihuela en el polígono Puente Alto da un nuevo paso para su puesta en práctica. Aún con dudas sobre la vigencia del actual proyecto, el Ayuntamiento de Orihuela otorgó ayer la cesión de condición de urbanizador a las firmas Marcos y Bañuls y Samaguil para el desarrollo de tres unidades del sector PAU 16 y 17 en El Escorratel. Es un acuerdo provisional en el que las firmas han de presentar aval bancario para garantizar la obra y, en todo caso, disponen de un mes para oficializar los trámites. Tras la firma del acuerdo el Consell deberá dar su visto bueno.
Después del inicio del plan, en 2001, el proyecto ha pasado por numerosas trabas e informes desfavorables. El mayor inconveniente al que se enfrentó desde su construcción Puente Alto, ha sido la alerta por el alto riesgo de inundabilidad. Informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han alertado del riesgo de inundación y este paso se convirtió en la principal traba para su puesta en marcha. Estas consideraciones imposibilitan la dotación de más suelo para la ampliación.
En noviembre de 2018, desde el Consistorio aseguraron que este problema ya estaba resuelto "a falta de informes sectoriales" y aseguraron que pretenden desbloquear la situación este año. Entre otros avances, el Ayuntamiento oriolano consiguió la documentación requerida por el Consell de los urbanizadores sobre valoración ambiental estratégica adaptada a la nueva legislación. El incremento de suelo industrial es el principal objetivo en Puente Alto en este momento para el equipo gobierno, así como la adecuación de accesos y rotondas a la entrada y salida de la carretera.
En 2001, las firmas representadas por Domingo Alcocer Aguilar, de Samaguil y Francisco Marcos Ferrer, de Marcos y Bañuls, del actual Grupo Marcos, iniciaron los trámites para el proyecto para urbanizar las distintas unidades del sector y la homologación, el estudio de impacto ambiental, la constitución, estatutos y acuerdos para ejecutar el proyecto.
Hasta 2019, han surgido numerosos informes desfavorables que pedían subsanación de errores e incluso hay un recurso en marcha, desde el Consell, sin resolver, que pedía la caducidad del proyecto. El Consell, de hecho, ha requerido, de urgencia, en varias ocasiones, información sobre la subasanación de errores del plan. Desde la oposición pidieron abordar la ampliación de suelo industrial a través de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En cualquier caso, la cesión de agente urbanizador está concedida y queda en manos del Consell, ahora, la aprobación del plan, si toda la documentación y el proyecto es adecuado.
Esta medida se aprobó ayer en el Pleno de enero de Orihuela, que, además, decenas de agentes de la Policía Local de Orihuela se manifestaron contra el equipo de gobierno recamando mejoras en sus condiciones de trabajo. Y es que, aseguran que la plantilla ha disminuido desde 2015 en veinte agentes.
En este Pleno también se aprobó una modificación puntuañ y el documento inicial estratégico para la urbanización del PAU 7 en el que se ha negado a la empresa adjudicataria de la urbanización, la anulación de construir 650 viviendas de VPO en el sector. Por lo tanto, esas edificaciones protegidas deberán ir dentro de su proyecto urbanizador.
