VALÈNCIA. La semana que queda atrás ha sido prolija e intensa en lo que se refiere a la reforma del sistema de financiación autonómica. Un modelo caducado desde 2014 cuya remodelación viene reivindicando la Comunitat Valenciana desde hace una década, dado que el reparto resultando perjudica notablemente a esta autonomía, dejándola a la cola de las regiones españolas.
Tanto el PP, con Mariano Rajoy al frente, como el PSOE liderado por Pedro Sánchez, se han mostrado reticentes o incapaces para reformar el citado sistema, pese a las reiteradas promesas y compromisos proferidos a lo largo de estos años. Si en su día fue el 'procés' independentista la razón esgrimida para aparcar la remodelación, posteriormente fue la pandemia o en otros momentos, los distintos procesos electorales que fueron produciéndose en todo este tiempo. La realidad es que este asunto siempre ha resultado incómodo para los partidos nacionales, dado que las preferencias y criterios para el reparto son diferentes en cada comunidad autónoma.
Más aún, se da la circunstancia de que las regiones que se encuentran mejor financiadas no tienen ningún interés en abordar esta cuestión, por el temor a perder su mejor posición, lo que obligaría al Gobierno central a un aumento de los recursos generales para conseguir que nadie saliera perdiendo. Un problema, por tanto, con muchas aristas que sólo ha adquirido interés en Madrid cuando el PSOE (PSC) llegó a un acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa en el que se incluía una "financiación singular" para Cataluña, todavía pendiente de concretar y ser llevada al Congreso.
Así pues, y pese a los esfuerzos de los sucesivos gobiernos valencianos liderados por PP y PSPV, este asunto de vital importancia para la Comunitat sólo ha sido digno del foco nacional cuando se ha abierto el melón vía Cataluña, lo que ha animado el debate y aumentado el interés por una cuestión que lleva acumulando portadas estériles en los medios valencianos durante una década. De hecho, esta misma semana se han producido diversos acontecimientos que ayudan a calibrar en que punto se encuentran las posiciones de cada partido en la Comunitat en este momento.
El presidente de la Generalitat, desde que pisó el Palau tras las elecciones de 2023, ha tejido una estrategia ofensiva hacia el Gobierno de España liderado por el socialista Pedro Sánchez. Una táctica trabajada con mucho éxito en épocas pasadas (Consell de Francisco Camps contra Rodríguez Zapatero, por ejemplo) y que también han usado los socialistas cuando les ha tocado su turno. Agua, infraestructuras, dependencia, financiación... una parte importante de los mensajes diarios que emanan del Gobierno valenciano contienen un reproche o reclamación al Ejecutivo central.
La posibilidad de que Pedro Sánchez impulse un "cupo catalán" ha beneficiado ese tipo de discurso para el PP de Mazón, que además se ha visto beneficiado por la salida de Vox del Consell, lo que le ha dejado como una voz autorizada para introducirse en el debate nacional y esgrimir la reforma del sistema de financiación. Ahora bien, las diferencias en la formación popular siguen ahí, por lo que son aguas que requieren grandes habilidades de navegación. El contraataque del PSOE de Sánchez fue la propuesta del propio presidente del Gobierno de mantener reuniones bilaterales con cada uno de sus homólogos autonómicos para abordar la reforma del sistema de financiación.
Un ardid que encontró una respuesta unificada por parte del PP en su reunión de 'barones' del pasado 6 de septiembre. Reunirse sí, pero no negociar en ningún caso sobre ese tema y emplazar a Sánchez a una conferencia de presidentes autonómicos o un encuentro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Mazón, eso sí, pudo sacar pecho de que en el documento aprobado por el PP se mencionara la exigencia de un fondo transitorio de nivelación, una de las reclamaciones que se venía respaldando desde la Comunitat Valenciana, con organizaciones como la Plataforma per un Finançament Just (donde están sindicatos, patronal, PSPV, Compromís y PPCV). En la otra orilla, en el manifiesto hecho público aparecía la condonación de la deuda, otra oferta de Sánchez a Cataluña que había ofrecido extender al resto de autonomías y que también forma parte de las reivindicaciones históricas valencianas, al considerar que una parte importante de la deuda contraída se debe a la infrafinanciación. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado esta misma semana que no quiere que se produzca negociación sobre esta cuestión por parte de los 'barones' autonómicos.
No obstante, Mazón sí habló de una posible "reestructuración" de la deuda valenciana en su intervención del martes en al Fórum Nueva Economía y, posteriormente, el asunto de la condonación también parecía vigente en la reunión de la Mesa del Diálogo Social con sindicatos y empresarios en la que estuvo el presidente de la Generalitat, donde se apuntó a una inminente reunión de la Plataforma per un Finançament Just para seguir insistiendo en estas cuestiones.
Por último, el jueves se presentaron las enmiendas a la Ley de Trato Justo presentada por Compromís, donde precisamente se incluían todos los puntos destacados referentes a este asunto: reforma del sistema, quita de la deuda y fondo de nivelación, entre otros, con la intención de, una vez aprobada, ser remitida al Congreso para forzar un posicionamiento en el ámbito nacional. Sin embargo, la respuesta del PP en este caso fue la de proponer un nuevo texto centrado únicamente en el impulso inmediato al fondo de nivelación, dejando fuera las otras reivindicaciones.
Los socialistas valencianos liderados por Diana Morant también tienen sus contradicciones en esta materia. En su día impulsores de la Plataforma per un Finançament Just, han reclamado la reforma del sistema, la quita de la deuda y el fondo de nivelación durante años, aunque ahora aparecen los matices.
Ya el pasado mes de mayo, el PSPV votó en contra de una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts sobre el fondo de nivelación al considerar que era una mera "trampa" para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia de Morant y los suyos se dirige a tratar de importar y marcar agenda con las posturas que llegan desde Madrid: en este caso, defender que un posible cupo catalán abre el debate también de la financiación valenciana e insistir, por tanto, en que Mazón debe sentarse con Pedro Sánchez y negociar una reforma del modelo para la Comunitat al igual que ha hecho Cataluña.
Esta es la razón por las que el grupo socialista ni siquiera presentó enmiendas a la Ley del Trato Justo impulsada por Compromís en Les Corts. Para el PSPV, resulta poco efectivo continuar con ese tipo de herramientas legislativas cuando el propio Pedro Sánchez ya ha tendido la mano a los gobiernos autonómicos para negociar de forma directa y bilateral la reforma del sistema de financiación y la quita de la deuda. Pero claro, precisamente el PP ha establecido una negativa unificada a abordar "cuestiones que afectan a todos" de forma individual, ya sea por su filosofía de partido y de Estado o por temor a que se resquebraje su posición unificada.
De esta manera, esta es la fórmula que ha escogido el PSPV para batallar en un momento especialmente delicado porque el gobierno está en manos de sus compañeros socialistas, por lo que se entiende que la responsabilidad de impulsar la reforma es de los que se encuentran al mando. Morant, este mismo viernes, criticaba a Mazón por no aceptar la mano tendida que Sánchez ofrecía para la quita de la deuda y la reforma del sistema. Un argumento que, sobre el papel, suena bien pero que resulta en cierta medida distorsionado porque los emisores del mensaje vienen a ser el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en esta cuestión ya han protagonizado compromisos incumplidos en el pasado. Es por ello que ambos grandes partidos se encuentran en un pulso que, en definitiva, reduce la posibilidad de que realmente vaya a producirse avances en este problema a lo largo de esta legislatura.
En este asunto, la coalición valencianista siempre ha dispuesto de la ventaja de no tener obediencias en Madrid, si bien en más de una ocasión han sido criticados por ceder demasiado fácilmente sus votos para servir las necesidades de Pedro Sánchez. Igualmente que tampoco salieron bien parados del acuerdo entre PSOE y Sumar, cuando no se reflejaron con suficiente contundencia cuestiones como la del fondo de nivelación -a la vista está que, más allá de la creatividad literaria del texto, no se ha aprobado- o el desmarque para una oposición firme a la ampliación del Puerto.
El pasado jueves, el acercamiento inicial de Compromís a PP de cara a la Ley del Trato Justo, quedó truncado con la respuesta de los populares en forma de enmienda a la totalidad. Las opciones para la coalición valencianista podrían consistir en sacar adelante el fondo de nivelación únicamente, tal y como quiere el PP, dado que sería una cuestión interesante para poner sobre la mesa en el Congreso. No obstante, parece un botín demasiado pequeño para la coalición valencianista, que además no descarta verse beneficiada por la aritmética en la negociación inminente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que, si sus votos son necesarios para Sánchez, pueda obligar a que incluya ya para 2025 el fondo de nivelación en las cuentas, lo que supondría un gran éxito político para Compromís.
Es más, no parece que estratégicamente parezca demasiado conveniente para la coalición valencianista dejar pasar la ocasión de meter presión con la quita de la deuda, dado que el PPCV de Mazón también ha mostrado su deseo de beneficiarse de una quita o al menos abordar una reestructuración. Así que, con estos mimbres, las fuentes consultadas y la lógica indican que Compromís apretará al máximo en ese debate que, no obstante, podría tardar en producirse varios meses por el calendario parlamentario de Les Corts.
Por su parte, Vox también presentó una enmienda a la totalidad de la propuesta de Ley de Trato Justo. La formación de Santiago Abascal, en esta cuestión, se aleja de los posicionamientos del resto de partidos dado que su crítica se dirige a la propia organización autonómica y a las "17 singularidades que es lo que pretenden vender los distintos barones regionales". Es por ello que reclaman una "visión nacional" e incluso plantea la retirada de competencias autonómicas si se incumple en tres ejercicios consecutivos el objetivo del déficit marcado por el Congreso, además de facultar al Ministerio de Hacienda para la intervención de la autonomía financiera de la comunidad autónoma.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral