ALICANTE. Se atisbó en el pleno extraordinario en el que se debatió la propuesta de organización y régimen económico, el pasado 11 de julio. Y se acabó de confirmar este jueves en el primer pleno ordinario del mandato 2019-2023, a partir del intercambio de mensajes que se entabló entre los 29 ediles de la nueva corporación.
En una sesión sin apenas acuerdos de calado que afectasen al devenir de la ciudad -al margen del punto urbanístico sobre la parcela del PAU 2 en la que debe construirse el centro de salud para el barrio-, al menos sí se puso de manifiesto cuál puede ser la estrategia política a seguir por cada bloque en los próximos cuatro años.
El bipartito compuesto por 9 concejales del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs) se esforzó por marcar distancias con Vox en todos aquellos planteamientos en los que fuese posible. En un Ayuntamiento considerado gran ciudad, en el que la mayor parte de las decisiones se adoptan en Junta de Gobierno, la principal dificultad a la que PP y Cs parecen no querer enfrentarse es a que se les encuadre en el mismo saco junto a los representantes municipales del partido de Santiago Abascal.
Así, las tres formaciones (PP, Cs y Vox) votaron juntas para tumbar la propuesta formulada por el PSPV-PSOE para crear una nueva comisión con el fin de reactivar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Alicante. Pero PP y Cs arguyeron explicaciones distintas respecto a las de Vox sobre el sentido de su voto. Así, el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), y la portavoz del PP, Mari Carmen de España, explicaron que, a su juicio, el fin de esa propuesta ya se consiguió en el pasado mandato.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, por su parte, calificó la propuesta de sectaria y la equiparó con el totalitarismo. "La memoria es individual, no colectiva, y ninguna institución puede imponerla a nadie", dijo, y añadió que no apoyaría ninguna iniciativa "que conlleve adoctrinamiento".
Al resto de grupos de la oposición -PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís- no les hizo falta mucho más para abundar en sus críticas por la coincidencia en la posición de voto de las tres derechas. El propio portavoz socialista, Paco Sanguino (que no intervino en ningún momento en el desarrollo del pleno y se limitó a dirigir al resto de concejales de su partido), lo resumió al término de la sesión al señalar que: "Con su actitud se constata una alianza 'de facto' entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox (tripartito de derechas) aunque el bipartito quiera dar la imagen de cara a la opinión pública de que no se pacta con Vox. Solo me remito a los hechos ocurridos hoy en el pleno. No duden que en cuanto el bipartito necesite los votos de la ultraderecha los cogerá sin ningún rubor, como ya ha ocurrido en otras ciudades y Comunidades de España", añadió.
Más tarde, el mismo intento de desmarque entre PP-Cs y Vox se evidenció a cuenta de la declaración institucional defendida por PSPV, Unides Podem EU y Compromís para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. O lo que es lo mismo: otra iniciativa con la que los grupos progresistas trataron de forzar a los tres partidos de centro-derecha a posicionarse en busca de fricciones, desencuentros o posibles coincidencias.
En esta ocasión, el gesto de desmarque fue todavía más evidente cuando la vicealcaldesa y edil del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), se dirigió a Ortolá para recriminarle que tratase de salir en defensa de su partido a colación de su presencia en la marcha reivindicativa del Orgullo, celebrada el pasado sábado. "No necesitamos que nadie nos defienda, ya nos defendemos solos", espetó.
Después, tanto ella misma como el alcalde, el popular Luis Barcala, instaron a no confundir acuerdos e iniciativas que se estarían produciendo en otros territorios y administraciones, en referencia a las diversas y variadas alianzas establecidas entre PP y Cs, con la participación externa de Vox, en algunos casos. En esta línea, Sánchez, y con especial énfasis Barcala, llamaron a no usar el debate político municipal para tratar de enfrentar sobre cuestiones en las que se debería sumar. Acto seguido, PP y Cs apoyaron la declaración institucional, que quedó aprobada por 26 votos: los de todos los ediles a excepción de los dos representantes de Vox.
Y lo cierto es que no fueron los únicos asuntos con los que las tres fuerzas progresistas trataron de tensar las costuras sobre las que pivota el bipartito. En sus preguntas, hubo un apartado especial para la prestación del servicio de limpieza. PSPV, Unides Podem EU y Compromís recordaron a Sánchez y al conjunto de ediles de Cs que durante la campaña de las municipales los miembros de ese partido criticaron una y otra vez las carencias en el servicio. Añadieron que la propia Sánchez dijo que "Alicante está llena de mugre" y que, en los debates electorales, se dedicó a exhibir fotografías posando entre escombros y residuos. En esta línea, reprocharon a Cs que ahora callasen y no dijesen nada sobre la situación de suciedad que incluso ha puesto de manifiesto la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).