La Mancomunidad de L'Alacantí se constituye para la organización y prestación en forma mancomunada de las obras, servicios o actividades de su competencia, entre las que se incluyen materias tales como protección del medio ambiente urbano y transporte urbano colectivo.
Recientemente se ha producido un cambio en la presidencia en la Mancomunidad y en la prensa anuncian que los ayuntamientos de l’Alacantí que integran el órgano comarcal piden una «reestructuración» del mismo para que pueda asumir la gestión del servicio del transporte interurbano y recuperar, además, la recogida de animales abandonados.
Sin entrar en la importancia que indudablemente tenga la recogida de animales abandonados, vamos a referirnos a la importancia que tiene el transporte interurbano, que está en un proceso de licitación de las nuevas concesiones que se han diseñado desde la Generalitat Valenciana y también, porque no decirlo, desde València.
Las concesiones, que atienden los servicios de transporte regular de viajeros de carácter interurbano, hace un tiempo que han vencido y ha tenido que ser, a instancias de la Comisión Nacional de la Competencia, el desencadenante la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 3ª) de 14 marzo 2016, que confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en Sentencia 568/2012, de 22 de octubre por la que se anula el Plan de modernización por ser contrario a Derecho, nulidad que había sido reiterada por Sentencia TSJCV (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 5ª) de 12 junio 2013. Esta sentencia deroga el «Decreto 24/2010 de 29 de enero de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad Valenciana, que aprueba el Plan de Modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera», con el que se pretendía, al igual que habían hecho otras Comunidades Autónomas, efectuar una prórroga de las concesiones “históricas” hasta el año 2023, ignorando el «Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
En consecuencia, todas las concesiones de transporte interurbano de la Comunidad Valenciana es posible que se encuentran en un “limbo legal”, ya que no está muy clara su prórroga tácita. A pesar de esta evidencia, la Generalitat se ha tomado su tiempo, hasta 2018, para sacar a información pública los nuevos proyectos iniciales de transporte regular y es en el año 2019 cuando parte de estos proyectos definitivos se presentan, haciendo caso omiso de la mayoría de las alegaciones interpuestas por los propios ayuntamientos afectados.
El área Metropolitana de Alicante, que a efectos de transporte coincide con los municipios de la Mancomunidad (excepto Agost), tiene unas características idóneas para la implantación de un sistema único de transportes, que con una superficie de 354 Km2 tiene una densidad de 1.314 habitantes/km2 y una densidad urbana de 6.294 habitantes/km2, que la sitúan como tercera en el ámbito nacional (Informe del Observatorio de movilidad Metropolitana 2017). Estas condiciones hacen que sea idónea para implantar una Autoridad Única de Transportes, que coordine todos los transportes públicos: urbanos e interurbanos en autobús y, por supuesto, el tranvía.
Sin embargo, esta evidencia no ha sido tenida en cuenta por la Generalitat Valenciana que, en el reciente proceso de licitación de concesiones, ha desdoblado en dos partes el sistema de transportes comarcal con las propuestas de los servicios Alacant Metropolitá Nord y Alacant Metropolitana Nord-Oest, que son una división de la actual concesión CVA-025: Alicante Cercanías. Las razones para esta división son totalmente endebles, pues alegan como problema la dimensión de una empresa única.
En este proceso de licitación de los nuevos servicios se ignoran los derechos de tráfico del Ayuntamiento de Alicante dentro de su término municipal, indicando que «no obstante, el Ayuntamiento de Alacant y la Generalitat Valenciana deberán coordinarse cuando el Ayuntamiento de Alacant, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus ciudadanos, considere necesario modificar la oferta de sus líneas actuales o incluir nuevas líneas que entren en competencia con los tramos urbanos de las líneas interurbanas de este contrato. Del mismo modo, se coordinarán las posibles modificaciones de la red de transporte urbano del Ayuntamiento de Alacant cuya motivación sea incrementar la demanda de transporte público que mejore la rentabilidad del mismo». O sea, que el Ayuntamiento de Alicante deberá ajustar su servicio de como complementario o suplementario de los servicios que se ha adjudicado a si misma Generalitat con una interpretación aparentemente torticera de su propia Ley 6/2011 de Movilidad, cuando está en vísperas de concursar su propio servicio de transporte urbano. ¿Dónde queda la competencia municipal sobre sus tráficos urbanos? ¿Tiene el Ayuntamiento de Alicante que atender los débiles tráficos de su municipio mientras que los troncales los explota la concesión de la Generalitat? ¿O es que la Generalitat pretende quedarse con los tráficos más rentables, o menos costosos, para que el Ayuntamiento de Alicante asuma el resto?.
La ignorancia de las alegaciones, por parte de la Generalitat, se puede hacer extensiva al resto de los ayuntamientos, lo que nos pone en un escenario en el que se está diseñando un servicio de transporte público comarcal endeble para los próximos diez años, periodo en el que permanecerán las decisiones actuales.
El relevo en la Mancomunidad puede ser una oportunidad para que los integrantes de la misma, en los términos previstos por la reciente «Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana» den vitalidad a este Ente y busquen la fórmula para implantar una Autoridad Única de Transporte, que gestione el día a día de los servicios en su ámbito territorial. Ahora es el momento, pues la próxima oportunidad pasará dentro de, al menos, diez años.
Con independencia de los partidismos políticos y locales, la Mancomunidad de L’Alacantí son seis municipios, pero una sola ciudad.
También cabe la alternativa victimista, ya clásica en nuestra ciudad, de no hacer nada y quejarse del centralismo de los “valencianos”.
Manuel Ríos Pérez es doctor en Empresa, Economía y Sociedad