Mal empezamos

PSOE y Unidas Podemos no se fían entre ellos. Por eso, lo primero que tuvieron que hacer, después de anunciar el Gobierno de coalición, fue firmar un “Protocolo de funcionamiento, coordinación y seguimiento de acuerdo de gobierno progresista”. Se trata de un pacto de compromiso para controlarse recíprocamente. Se podría decir que es un acuerdo fruto de la desconfianza. Dicho Pacto también crea una Mesa de seguimiento, que empezará a funcionar a los 30 días desde la conformación del nuevo gobierno.

No he visto nada parecido en el Botànic I ni en el Botànic II. Es un ejemplo y un alivio.

Llama la atención la disposición referida a que los miembros del Gobierno se comprometen a la máxima discreción en relación con los acuerdos que se produzcan en su seno. Hay que resaltar que los acuerdos del gobierno se producen normalmente en el Consejo de Ministros y sus deliberaciones son secretas por ley.

El Pacto destaca explícitamente que los partidos firmantes se comprometen a dar apoyo a la acción de gobierno en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Por tanto se está indicando a sus diputados, que nada de “Tamayazos” ni de criticar al gobierno. La pareja estrella y todo-poderosa de Podemos (Iglesias/ Montero) perderá voz crítica en el Congreso. Hacer oposición era muy fácil, ahora pasan al otro lado y tendrán que soportar las críticas de la oposición al Gobierno, a ver cómo se lo toman.

Pese a la firma y la existencia del Pacto, Pablo Iglesias se tropezó con que el nuevo Gobierno arranca con cuatro Vicepresidencias donde la suya se diluye entre las tres restantes. Hay que destacar que hay mucho “marketing” detrás de algunas carteras ministeriales. Algunos Ministerios (Universidades, Ciencia, Consumo) nacen sin Secretarías de Estado, que es el órgano ejecutor del Ministro y el grueso político de la pertinente rama de la Administración.

El ministerio de Justicia ya nace con mal pie debido al perfil tan político que presenta el nuevo Ministro, Juan Carlos Campo, vinculado al PSOE durante toda su trayectoria política quien lleva más de 20 años sin poner una sentencia.

De “escandalosa” se puede calificar la elección de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que viene de ejercer las más altas instancias de la política activa sin periodo de reposo y que ha sido reprobada tres veces en el Congreso. Con este nombramiento recobra protagonismo las puertas giratorias entre la Justicia y la política. Además de ser diputada activa del grupo socialista aparece en los expedientes de las “cloacas del Estado”. Con los antecedentes que tiene, ella misma debiera haber renunciado al cargo si de verdad apreciara la institución del Ministerio Público. Los fiscales están sujetos a jerarquía y dependencia no gozando de la independencia que si tienen los Jueces y magistrados. La imparcialidad del Ministerio Público queda gravemente dañada. La utilización de la Fiscalía en provecho del Gobierno ya no tiene dudas. Ya dijo Pedro Sánchez que la Fiscalía General del Estado era suya. Hay que recordar que el grupo GRECO lleva años recomendando a España medidas para reforzar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público. En este ambiente, y tras las declaraciones de Pablo Iglesias afeando a la Justicia española, el CGPJ ya ha emitido la primera declaración institucional apelando a la responsabilidad para evitar la utilización política de la Justicia. Mal empezamos.

Se puede pronosticar que la despolitización de la Justicia quedará archivada en el baúl de los recuerdos para mejor ocasión. Además, Instituciones como el CGPJ o el Tribunal Constitucional que deben ser renovadas con mayorías cualificadas no van a poder ver la luz por la falta de apoyo del PP quién ha afirmado que va a colaborar todo lo posible para que este Gobierno dure lo menos posible. Hay que recordar que en la época de Zapatero, que parece que sea el inspirador y maestro de Pedro Sánchez, ambas instituciones funcionaron con sus miembros caducados durante más de tres años y esa época fue uno de los capítulos más negros de los últimos años en materia judicial. En el año 2009 se produjo la primera huelga general de jueces en toda España, un hecho insólito al que seguirían más protestas. El Tribunal Constitucional desarrolló sus funciones con un miembro menos de lo constitucionalmente previsto por el fallecimiento de uno de sus Magistrados durante 2008-2012 y otros tres Magistrados siguieron con un mandato “caducado” desde el 2007-2010 por la falta de acuerdo de los partidos para su renovación.

Ya veremos si el nuevo gobierno aporta más éxitos que fracasos, se merece 100 días de gracia pero de momento no empieza bien.