Luz verde al colegio de La Cañada: Alicante asume sus obras por 4,7 millones y un plazo de 3 años 

ALICANTE. Otro paso más -en realidad, el que debería ser definitivo- para acabar con los barracones del colegio público de La Cañada, 13 años después. Como mínimo, se trata del acuerdo que faculta al Ayuntamiento de Alicante para licitar la construcción del nuevo centro por delegación del Consell, tras su inclusión del proyecto en el Programa Edificant de la Conselleria de Educación. 

Salvo cambio improbable, el pleno del ayuntamiento aprobará el próximo jueves, día 31, el acuerdo de aceptación de la delegación de competencias por las que pasará a asumir la responsabilidad de su ejecución, con fondos transferidos por parte de la Generalitat.

El proyecto está presupuestado en más de 4,7 millones (4.735.796 euros) y comprende la construcción de un edificio de nueva planta en un nuevo solar acondicionado por el Ayuntamiento entre las calles Aucuba y Madroño. De hecho, el equipo de Gobierno compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), también prevé adjudicar este martes, en Junta Local, las obras de urbanización que resultan necesarias para permitir la edificación del centro docente en dicho solar.

El grueso de la financiación de de las obras del nuevo centro está programado para el año 2021 

En principio, la planificación contemplada en el acuerdo de delegación de competencias establece que el nuevo centro debe estar finalizado en un plazo de tres años. Así, en la memoria del proyecto se concreta una primera aportación de 282.000 euros para este mismo ejercicio, otra de 250.000 para 2020 y otra de 4,2 millones para 2021, cuando se prevé que se ejecute el grueso de las obras del colegio.

El acuerdo de aceptación de la delegación debe pasar el primer filtro municipal este próximo lunes, en la comisión de Asuntos sociales y Culturales. A priori, nada parece indicar que la propuesta vaya a rechazarse, pese a que el expediente cuenta con el informe de advertencia del interventor municipal, en el que -como ya ha apuntado en otras ocasiones- incide en los riesgos potenciales que supone la transferencia de la competencia al ayuntamiento. 

Entre ellos, el alto funcionario enumera los riesgos de gestión, como la necesidad de que se tenga que promover algún modificado o proyecto complementario; y los de financiación, ante la posibilidad de que la Generalitat no apruebe sus propios presupuestos en los que se refleje la consignación de las obras.