VALÈNCIA. Los valencianos se sitúan a la cola en inversión pública en materia de infraestructuras. Desde hace años, la Comunitat Valenciana sufre una"infrainversión" en obra pública, como vienen criticando los contratistas valencianos, y ello ha provocado que eso también se refleje en el reparto por habitante. Así, mientras en España la inversión media es de 387,10 euros al año por ciudadano, los que residen en la autonomía valenciana perciben 303,36 euros, según los datos de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana. Una "discriminación", critican, que relega a la región en la licitación de obra pública.
Según sus datos, los ratios de licitación por parte de la Administración General del Estado en la autonomía han provocado un déficit de 8.852 millones de euros en la región entre 2000 y 2022. Una cuantía consecuencia de que en los últimos años la inversión en obra pública del Estado ha sido del 6,3%, por debajo de lo que le correspondería a la Comunitat Valenciana por PIB y peso poblacional, que sería el 10,67%.
En concreto, en la última década, entre 2012-2021, la autonomía valenciana ha recibido del Gobierno 3.021,5 millones de los 46.952,9 millones invertidos en ese periodo en el conjunto de España, lo que supone esa ratio del 6,31%. Una situación que, sin embargo, no se ha conseguido compensar con inversiones autonómicas o de las Administraciones locales, que de forma anual suelen concentrar un gran esfuerzo inversor en las licitaciones, según los contratistas.
"Sumando a las tres Administraciones -estatal, autonómica y local-comprobamos que la licitación puesta en marcha por la Generalitat Valenciana, ayuntamientos y diputaciones es incapaz de lejos de suplir la infrainversión a la que el Estado tiene castigada a la Comunidad Valenciana", lamenta Manuel Miñés, director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.
En concreto, entre 2018 y hasta los dos primeros meses de 2022, en la Comunitat Valenciana las tres Administraciones han invertido en infraestructuras un total de 6.371,294 millones de euros: 1.416,2 millones en 2018; 1.381,1 millones en 2019; 1.304,9 millones en 2020; 2.064,3 el pasado año; y 204,6 millones en enero y febrero de este 2022.
Según el desglose elaborado por la Cámara de Contratistas, los valencianos perciben unos 84,67 euros del Estado por habitante; 95,54 euros de la Generalitat; y 120,15 euros de los ayuntamientos, lo que supone unos 300,36 euros anuales por ciudadano. Sin embargo, la media nacional se sitúa en los 387,10 euros, es decir, 86,74 euros más que lo que recibe cada valenciano.
Una diferencia que, además, se agrava si se compara con el resto de comunidades autónomas. Así, el País Vasco recibe de media anual 594,29 euros por habitante para infraestructuras; Baleares, (558,2 €); Extremadura, (520,78 €); Galicia, (470,81 €) y Canarias (417,96 €); Cataluña, (347,41 €); y Madrid, (419,55 €), según los datos de los contratistas. Solo por detrás de la Comunitat Valenciana se sitúan Murcia (276,69 €) y Castilla-La Mancha (227,61 €).
Por tanto, Miñés denuncia que cada valenciano recibe en infraestructuras 294 euros menos que un vasco; 170 euros menos que un gallego; 159 euros menos que un castellano-Leonés; 148 euros menos que un aragonés y 119 euros menos que un madrileño. "Sólo nos supera a peor Castilla-La Mancha y Murcia", advierte el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.
Teniendo en cuenta que en la autonomía residen 5.090.839 habitantes que obtienen 86,74 euros menos de media, los contratistas critican que en estos años se han dejado de invertir 441 millones de euros en una región "ya discriminada por la infrafinanciación", señalan. "Sin inversión en infraestructuras no hay bienestar social ni futuro económico porque son prioritarias para nuestro bienestar y nuestro progreso económico. Los ciudadanos no deben identificar las infraestructuras solamente como carreteras o ferrocarriles, sino que son también hospitales, ambulatorios, colegios, centros de día, bibliotecas o polideportivos", enfatiza Miñés.
A su juicio, este déficit está ligado al "abandono" del Gobierno Central de las licitaciones valencianas, por lo que urge a la Generalitat Valenciana a "priorizar y agilizar" sus inversiones, potenciando la colaboración público-privada para generar riqueza y empleo en un momento de incertidumbre como es el contexto actual.