VALÈNCIA. Tras dos semanas de negociación y un esprint final de un intenso último día, el Botànic cerró el jueves por la noche un acuerdo para el macrodecreto que debe ser una de las patas de su respuesta ante la crisis agudizada por la guerra de Ucrania y que incluye, como núcleo estrella, una nueva regulación de las plantas de energías renovables a base de cambios en la LOTUP y en el Decreto 14/2020. Pero el texto es tan complejo que los flecos impidieron que se pudiera hacer la habitual nota de prensa tras el Consell y llegó bastante más tarde. De hecho, siguen circulando los borradores finales.
La idea general en cuanto a esas plantas de renovables es reducir un año el trámite burocrático para poder crearlas, ‘apretando’ los plazos que tienen las administraciones para contestar y reducir las exigencias. Todo siguiendo la estela del Real Decreto del Gobierno de esta misma semana, puesto que las instalaciones de más de de 50 MW son competencia estatal.
Uno de los ejemplos de la voluntad de la Generalitat está en el artículo 33.1 del decreto 14/2020 que en su nueva redacción establece como criterio general, que el órgano competente en energía "resolverá las autorizaciones de la instalación en el plazo de diez meses" desde su admisión. Pero hay más y se especifica que si los "informes sectoriales" que se pidan no llegan en el tiempo establecido hará que se consideren "favorables" y se autorice la instalación. De aquí al final de 2024 se tramitarán por la vía de "urgencia" todas las instalaciones y esas mismas facilidades se mantendrán hasta que se diga lo contrario en las de menos de 10 MW.
Pero además, se han pulido bastantes exigencias técnicas para tratar de acabar con las trabas de las que se quejaba el sector, unos cambios que provocaron un intenso debate por la posible afectación del territorio. Por ejemplo, en las de menos de 5 MW habrá algunos trámites que puedan hacer los propios consistorios. La idea ha sido que ya que se iba a ‘abrir la mano’ hacerlo también con las plantas pequeñas para que no sean necesariamente grandes empresas o fondos las que las impulsen.
El texto reserva en esta norma al conseller de Política Territorial la capacidad de declarar "un determinado ámbito territorial o un proyecto concreto situado en suelo no urbanizable común" como "prioritario" energéticamente. Eso sí, lo deberá hacer bien a propuesta de quien tenga las competencias en Energía o en Cambio Climático. Esa decisión permitirá la tramitación de urgencia y la desaparición de otras limitaciones. Es decir, será un comodín pero deberá hacerse un uso compartido del mismo.
Uno de los puntos más complicados de la negociación política fue el papel de los consistorios, su capacidad de decisión pero también su posible papel como protagonistas activos en el impulso a estas plantas.
La norma decreta "con carácter general" un limite al 3% del suelo no urbanizable común del consistorio salvo en suelos muy degradados (como vertederos), o poco fértiles. Además, se les concede la potestad de hacer los informes paisajísticos en instalaciones de menos de diez hectáreas, que se realicen en suelos urbanos o que estén impulsadas por una administración y ocupen igualmente menos de esa extensión. También se prevé favorecer instalaciones de iniciativa pública, de cooperativas o de comunidades energéticas para autoconsumo.
Finalmente se dará a los ayuntamientos que hayan suspendido licencias un plazo de seis meses para justificarlo con un informe técnico pero en el caso de que no lo hagan esa decisión quedará revocada de manera automática. Otro de los cambios es que en tres meses deberán iniciar los procesos para cambiar sus Plan General de Ordenación cuando se aprueben los proyectos, algo que evitará que traten de dilatar los procesos a la espera de que las inversiones se vayan a otros municipios
Por otro lado, el texto incluye un aumento de las ayudas a las familias más vulnerables por la vía de la Renta Valenciana o por ejemplo permite agilizar durante dos años los trámites en las explotaciones de arcillas industriales para cerámicas de la Comunitat y durante dos años. Pero también modificaciones presupuestarias para adaptarse a la coyuntura y otros aspectos no relacionados con la situación y sí por ejemplo con la función pública.