La barra instalada en la plaza de Gabriel Miró durante los carnavales de este año.ALICANTE. Los vecinos del Centro Tradicional queman otro cartucho más para reivindicar su derecho al descanso frente a la actividad de la hostelería y los locales de ocio y, tras interponer un contencioso por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dan traslado también a la Fiscalía de toda la documentación que han podido recopilar hasta la fecha sobre las supuestas irregularidades consentidas que, a su juicio, estarían provocando dicha situación.
Entre esos documentos, al margen de los registros sonoros captados por los equipos de medición instalados por el mismo Ayuntamiento, y de las denuncias por la saturación de la vía pública que vinculan con la concesión de licencias para veladores, el colectivo vecinal añade otras tres circunstancias concretas especialmente vinculadas con el contexto actual.
La primera tiene que ver con una práctica que, según portavoces del colectivo, se viene repitiendo en los últimos años: el traspaso de las autorizaciones municipales concedidas a barracas y racós a terceros no vinculados a las Fiestas para la instalación de discotecas con barras en la calle. Según los vecinos, ese fenómeno genera molestias por ruido al no existir control de decibelios ni control de aforo. Los vecinos albergan "serias dudas de que Hacienda y Trabajo tengan conocimiento de esta actividad lucrativa" de la que, según señalan, también habrían dado cuenta al subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, en un encuentro mantenido el pasado viernes.
La segunda situación concreta es un escrito entregado por titulares de los puestos del Mercado Central, respaldado por 200 firmas, en el que se solicita que se erradique la práctica del botellón en el entorno del edificio, ya que "altera gravemente su actividad y expulsa a los compradores".
Y la tercera es la "extraña concesión de licencia después de 8 años de inactividad" a la discoteca Maluka, antes denominada Byblos. Según fuentes vecinales, la concesión de ese permiso se produjo después de que se produjese un vencimiento de plazo para contestar al recurso presentado por los titulares del local frente a la resolución municipal en la que se les denegaba la licencia.
La asociación vecinal entregó toda esa documentación al fiscal jefe, Jorge Rabasa, en un encuentro celebrado este lunes, en el que le detallaron todas las molestias añadidas al descontrol de esa actividad hostelera, como la suciedad en la vía pública y los problemas de accesibilidad que podrían presentarse en el caso de que fuese necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Según los vecinos, el fiscal jefe se comprometió a estudiar la situación.
