José Miguel Zaragoza, jefe de la Policía Local de Santa Pola, cuando compareció para dar explicaciones. Foto EFE/MorellELCHE. Una juez ha llamado a declarar el próximo mes de octubre como investigados al jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, y a diez personas más por el supuesto fraude registrado en la compra de uniformes para este cuerpo policial y otros servicios de emergencias del municipio. Así se establece en un auto dictado este martes por la responsable del juzgado de Instrucción 5 de Elche, María José Boix. En la citación figuran los cuatros policías detenidos; todos los miembros de la familia Riera, de la empresa Almacenes Riera SL, suministradora de los uniformes, y dos testigos clave, dos agentes que pusieron en alerta las posibles irregularidades. De los policías, el auto revela el nombre de Alfonso Aracil Mas, jefe de administración de la Policía Local, el encargado de recepcionar el material; y hay otro nombre de una empresaria, María Isabel Amorós Poveda, al parecer con vínculos en la Policía Local de Biar y de Onil.
Por estos hechos fueron detenidos a finales del pasado mes de junio y puestos en libertad con cargos el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; tres agentes de la Policía Local, entre ellos, Roque Alemañ y Pascual Linares, miembros de la junta directiva del Club de Atletismo, el exconcejal de Seguridad de Santa Pola Antonio Pérez Huerta (PP) y José Antonio Riera Marcos, de la empresa Almacenes Riera, y todos sus familiares; tres hijos y la mujer de uno de ellos.
La magistrada investiga si los sospechosos cometieron delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la adquisición de prendas de uniformidad para la Policía Municipal entre 2013 y 2015, a raíz de una denuncia presentada por la actual alcaldesa, Yolanda Seva (PSPV-PSOE), por supuestas irregularidades en diversos contratos menores.
La investigación, que ha llevado a cabo el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional de Alicante, concluyó con el arresto de Pérez Huerta, el intendente jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, dos agentes bajo sus órdenes y los empresarios que coinciden en las mismas mercantiles, como Manufacturas Redován SL, Unidepol SL y Polmuniform SL. Todas ellas con la familia Riera Marcos en el centro de la operación.
Todos ellos quedaron en libertad provisional tras pasar por dependencias policiales y han sido citados a declarar en calidad de investigados por la magistrada que instruye la causa entre el 23 y el 24 de octubre próximos.
El primero de esos días comparecerán ante la juez el antiguo concejal, el propio Zaragoza y cinco personas más, mientras que al día siguiente lo harán otros cuatro investigados y el 25 de octubre, dos testigos, según el calendario establecido en el auto.
Según informaron entonces fuentes próximas al caso, el intendente Zaragoza, hermano del que fuera alcalde de Santa Pola por el PP Miguel Zaragoza, que ocupa actualmente el cargo de diputado de Bienestar de las Personas en la Diputación de Alicante, se enfrenta a otras causas judiciales por supuestos delitos derivadas de una misma denuncia recibida en fiscalía por el cobro injustificado de horas extraordinarias.
Tras su arresto, José Miguel Zaragoza y el resto de detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera de que el juzgado de Instrucción 5 de Elche, que dirige las pesquisas relativas a la compra de uniformes, los citase a declarar.
El mando policial de Santa Pola ofreció al día siguiente de su detención una rueda de prensa en la que defendió la "honestidad" y "transparencia" en todas sus decisiones.
Zaragoza compareció ante varios medios de comunicación en la jefatura de la Policía local para "dar la cara", según dijo, y lo hizo acompañado de su abogado, José Pedro González Rubio, para leer un comunicado autoexculpatorio y negar "con rotundidad" cualquier irregularidad.
Aunque dijo desconocer en esos momentos el contenido exacto de las acusaciones que pesan sobre él, al estar secreta la investigación, calificó de "desproporcionadas" y carentes "de motivación alguna" las detenciones y los registros practicados por la UDEF.
Por otro lado, atribuyó la denuncia que ha llevado a su imputación a "cierto interés" que no concretó, si bien recordó que ésta había partido del actual equipo de gobierno, que forman el PSPV-PSOE, Compromís, EU-IU, Sí Se Puede Santa Pola y dos concejales no adscritos.
