Era un 27 de noviembre de 2013 cuando el presidente Alberto Fabra se vio en la necesidad de cerrar el antiguo Canal 9, una empresa pública sobredimensionada y cuyo mantenimiento era insostenible. “La presente ley tiene por objeto suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de la Generalitat”, decía la norma que echaba el cierre al ente público.
Recuerdo las palabras del entonces presidente de la Generalitat, “prefiero cerrar Canal 9 a cerrar hospitales”. Aquello fue un varapalo para los trabajadores del ente público y sus familias. No tanto para los valencianos. La televisión no funcionaba como servicio público ni como servicio plural, era más bien un altavoz del Partido Popular. En cuanto a la programación, lo más famoso era el vergonzoso “Tómbola”, ¿se acuerdan ustedes del Padre Apeles o las tertulias del “famoseo”? Ante tales mimbres era sensato cerrar la cadena en un momento donde los ajustes económicos regían en la Administración Pública.
En julio de 2016 se iniciaban los trámites legales para la creación del nuevo ente público valenciano, Ciudadanos se sumaba al proyecto del Botánico y el PP se abstenía. Casi dos años después, la semana pasada, empezaba la emisión de la nueva Televisión Valenciana, “Á Punt”, al final como a todo, nos acostumbraremos al nombre. Nace con un presupuesto anual de 55 millones y ha tenido muchas trabas burocráticas y técnicas hasta su puesta en funcionamiento.
Como servicio que ofrece la Administración Valenciana debe reunir las condiciones generales de cualquier otro servicio Público y las especificas del servicio audiovisual. Se entiende por servicio público el prestado de una manera regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya titularidad pertenece a una Administración pública y bajo un régimen jurídico especial. Desde el punto de vista audiovisual entre las líneas estratégicas de la oferta televisiva se destaca, una oferta generalista con contenidos destinados a la información, formación y entretenimiento que se ofrecerá a través de un canal específico y mediante las plataformas de contenidos que se crean oportunas en el marco de la multidifusión digital. Esta oferta contará con programas informativos y de actualidad (entrevistas, debates, foros o tertulias), diferentes formatos documentales y de divulgación de la ciencia y la cultura, una programación variada, en definitiva. La oferta televisiva será gestionada con criterios de rentabilidad social, eficiencia económica y racionalidad empresarial. No debe olvidarse que es un ente financiado con fondos públicos. En todo caso deberá ser respetuosa con el derecho de las personas al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.
Se debe priorizar el fomento de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestro territorio, pero sin olvidar la pluralidad, la cohesión territorial y el derecho de los ciudadanos a una información rigurosa. La nueva televisión valenciana puede asegurarse su éxito si ofrece información veraz y neutra y no se convierte en un aparato de propaganda de los partidos políticos que gobiernen en la Generalitat.
Otro eje fundamental en su futuro es que no olvide que la Comunidad Valenciana no es Valencia, sino que por el Norte se extiende hasta Vinarós y por el Sur, termina en Pilar de la Horadada. Por tanto la programación no debe estar centrada en la capital, uno de los grandes defectos que tuvo la anterior televisión. El nuevo ente debe ofrecer un servicio público que vertebre su territorio y su población. Por último, debe tener en cuenta la pluralidad ideológica, cultural y lingüística de los valencianos/as.
Aprovecho esta columna para desear mucha suerte a la nueva Televisión autonómica y a todos los profesionales que se están empeñando en ello.