ELCHE. Aunque el grueso de los fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation EU, empezarán a transferirse a partir del próximo año, en este 2021 las comunidades autónomas ya han recibido sus primeras inyecciones. En este caso, en lo que respecta a la vivienda, a la Comunitat Valenciana se le han asignado 124,6 millones de euros, lo que supone el 10,8% del total de estos fondos a nivel estatal. Para 2022 obtendrá el mismo porcentaje, aunque se espera que de una cantidad de dinero mayor. Eso sí, el programa es para rehabilitación en materia energética. Y el objetivo fijado para el territorio valenciano es llegar a la actuación en 17.314 viviendas en noviembre de 2023.
En este sentido, cabe resaltar que esta estrategia solo obedece tan solo a actuaciones en eficiencia energética y no a cuestiones estructurales, uno de los principales problemas del envejecido parque de vivienda del país. Son programas de renovación para barrios, para de comunidades de propietarios y de viviendas particulares. Así, este mes el Gobierno aprobaba dos Reales Decretos sobre este ámbito, el que vehicula el funcionamiento del fondo en Vivienda (RD 853/2021), y un Real Decreto Ley que busca incentivar estas reformas con distintas deducciones fiscales, el 19/2021. Este último ha cambiado distintos aspectos de la ley de propiedad horizontal, lo que toca a las comunidades de propietarios, y brinda una serie de opciones para deducciones en el IRPF de cara a estas reformas. Además, el Gobierno hará de avalista de cara a estas financiaciones.
En lo referente al decreto del eurofondo, el objetivo no es más que la reducción de las emisiones que generan los inmuebles a través de actuaciones de ahorro energético, bajo consumo o eficiencia, dado que en todo el país hay muchos edificios residenciales con una baja calificación y muy pocos con los estándares que quiere promover Europa de cara a combatir el cambio Climático.
El Real Decreto se vertebra en seis línea de actuación: apoyo a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, a las oficinas de rehabilitación, a rehabilitación de edificios, a la mejora de la eficiencia energética en viviendas, a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación y ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. En total, es aquí donde a la Comunitat se le han otorgado 124,6 millones de euros este año y cuyo fondo está pendiente de articular para establecer su concurrencia. Es la cuarta comunidad con un mayor volumen tras Andalucía, Cataluña y Madrid.
De cara al plan maestro estatal con los Next Generation EU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en esta inversión para 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana exigirá a las comunidades que a 30 de noviembre de 2023 no hayan alcanzado los objetivos de compromiso de estas ayudas que reintegren parcial o totalmente los fondos transferidos que no hayan sido comprometidos salvo que se pueda justificar con una senda de ejecución verificable y compatible con los objetivos del Plan.
Entrando más concretamente a las líneas de actuación, una de las cuestiones más importantes es la de las renovaciones en barrios, algo que el Consell ya ha trasladado oficiosamente a los Ayuntamientos, porque necesitará de su ayuda a pesar de que sea la Comisión Bilateral entre Generalitat —y por ende lo mismo con otras CCAA— y Estado la competente. En este caso, este programa será de concesión directa por parte del Consell, como ocurrió por ejemplo en el Arru (Área de Regeneración y Renovación Urbana) de San Antón de Elche. Una carta que el Ejecutivo autonómico y las comunidades se reservan por necesidad, bien sea porque son barrios que precisan de actuación inmediata o porque están a mitad del proceso de renovación y un programa de libre concurrencia alargaría más su culminación.
En cuanto a las ayudas para particulares y sus viviendas, como a las comunidades de vecinos para sus edificios, las convocatorias sí que serán de libre concurrencia y no se subvencionarán al completo —salvo algunos casos en los que la comunidad podrá complementar hasta llegar a esa cifra—. Aunque el Consell aún tiene que establecer los mecanismos y criterios de acceso a la misma. Serán subvencionables gastos necesarios estas intervenciones, incluyendo los de la gestión inherente al desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, los de honorarios de los profesionales intervinientes, los de redacción de los proyectos y dirección de obra, certificados e informes técnicos, los derivados de la tramitación administrativa
En total, el Ministerio ha fijado que las actuaciones objeto de financiación a través de estos programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social deberán estar finalizadas antes del día 30 de junio de 2026. Por último, aunque en el preámbulo del decreto sí se mencionan los problemas que tiene en general el parque de vivienda español, con inmuebles envejecidos y problemas estructurales, tan solo se aborda el tema medioambiental. Cerca del 45% de los edificios es anterior a 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial y una cifra de 9,7 millones de viviendas. En cualquier caso, para esas otras cuestiones sigue habiendo fondos municipales, autonómicos y europeos.