ALICANTE. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante se convierte en protagonista inesperado en el proceso de contratación de los trabajos de asesoría externa promovidos por el Ayuntamiento de Alicante para iniciar la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La entidad colegial ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) frente a las bases de uno de los siete lotes en los que se fragmentó la licitación de esos estudios previos con el fin de reclamar que se incluya la presencia de ingenieros agrónomos en los equipos profesionales que concurran por elaborar esos informes.
En concreto, la impugnación se presenta frente al Lote 5, por el que se pretende contratar un estudio sobre el paisaje y la infraestructura verde municipal, con un presupuesto de 30.505 euros, en el que se debe realizar un análisis específico "de carácter propositivo de identificación de problemas y principales conflictos paisajísticos existentes en el término municipal de Alicante tanto en el medio rural como en el entorno urbanizado", según se concreta en los pliegos.
El colegio trataría de defender, así, la relevancia de la profesión en un ámbito como el de la planificación del territorio -el fin último de la redacción de todo planeamiento urbanístico- frente a la exclusión indebida que, a su juicio, se habría materializado ahora en la convocatoria de ese concurso aprobada por el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs).
De este modo, en su impugnación solicitan que el tribunal competente para resolver conflictos en materia de contratación pública, adscrito al Ministerio de Hacienda, acuerde la suspensión cautelar de la licitación hasta que se dirima el fondo del recurso y se pueda incorporar, o no, la presencia de ingenieros agrónomos entre los equipos que concurran en el proceso.
Hasta el momento, el TACRC no se ha pronunciado sobre esa petición de paralización cautelar, según precisó el edil de Contratación, Manuel Villar, al término de la Junta de Gobierno de este martes. En cualquier caso, en la sesión de ese órgano de representación política, conformado por ediles de PP y Cs, se acordó elevar al TACRC un informe de oposición a la admisión de ese recurso, elaborado por la arquitecta que asume la dirección de la Oficina del Plan General, Leticia Martín, en el que se descarta la necesidad de que se incorporen ingenieros agrónomos en la ejecución concreta del estudio impugnado.
En ese informe se defendería que las propuestas interesadas en asumir la elaboración de ese estudio deberían correr a cargo de un arquitecto superior o título de máster habilitante equivalente que acreditase la superación de un máster universitario en materia de paisaje, sin necesidad de que se contase con un ingeniero agrónomo.
Además, en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno se insta al TACRC a descartar la suspensión cautelar de la contratación solicitada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ya que dicha medida causaría "retrasos de difícil recuperación para la realización del servicio" y que, además, "afectaría a todos los lotes de la convocatoria".
¿En qué consisten el resto de lotes? Como informó este diario en el momento en el que se aprobó la convocatoria del concurso, se trata de la contratación de otros seis lotes en los que se incluye la elaboración de un estudio de las infraestructuras de red primaria de Alicante y su entorno metropolitano; un estudio específico para la concreción de los riesgos naturales del término municipal; un estudio de población y vivienda; un informe sobre el suelo rural para analizar la capacidad de acogida de los suelos protegidos y no protegidos; un análisis de los suelos consolidados (capacidad de acogida) y un análisis de barrios para el estudio de las dotaciones y equipamientos de red primaria de Alicante; y, por último, la organización de documentación del Borrador del Plan General Estructural, más el Documento Inicial Estratégico en sistema de información geográfica (SIG).
El conjunto de esos siete lotes salía a contratación por un presupuesto global de 382.451,84 euros (IVA incluido) y se establecían plazos de ejecución que oscilaban entre los seis y los ocho meses. No obstante, el equipo de gobierno auguró en el momento de la licitación que se podría disponer de ellos en un plazo inferior, de modo que pudiesen estar entregados al Ayuntamiento antes de que concluyese este año, con la pretensión de poder presentar un documento de alcance sobre el futuro Plan General Estructural ante la Generalitat antes de que concluya este mandato, en mayo de 2023.
El recurso presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos podría alterar esa hoja de ruta, en el supuesto de que el TACRC decidiese admitirlo a trámite, ya que, independientemente de que se acuerde la suspensión cautelar, podría conllevar un retraso en la adjudicación definitiva de entre uno y dos meses: el plazo estimado para que se produjese una resolución respecto a la impugnación presentada.
Entre tanto, este miércoles se someterá a votación en comisión de Urbanismo otro acuerdo relacionado con la planificación urbanística de la ciudad: la propuesta de suspensión de licencias sobre un millar de inmuebles en trámite de catalogación, por un plazo máximo de dos años. Se trata de una medida que el bipartito considera necesaria para garantizar la conservación de inmuebles que poseen un valor histórico, arquitectónico o patrimonial relevantes hasta que la Generalitat valide de forma definitiva el catálogo de protecciones aprobado por el pleno municipal en septiembre de 2020. Todo parece indicar que la propuesta contará con el respaldo de la mayoría de grupos políticos que conforman la corporación. Como mínimo, fuentes del PSOE anticiparon este martes su voto a favor, con lo que se rebasaría la mayoría absoluta que procurará un dictamen favorable, previo a su ratificación en el pleno ordinario de junio, el próximo jueves.