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Los imputados del 28M en la Vega Baja

1/05/2023 - 

ORIHUELA. La apertura de juicio oral contra Pepe Vegara por un doble delito contra la Hacienda Pública, por la que el fiscal le pide siete años de prisión, ha copado la actualidad de la semana. Sin embargo, el candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela no es el único que se enfrenta a los comicios del próximo 28M con causas pendientes con la justicia. Vegara se justifica asegurando que se trata de un asunto privado correspondiente a su empresa, obviando, que la empresa en cuestión, ITV Vega Baja, estaba prestando un servicio, el de las ITV, gracias a una concesión del Ministerio y la Comunidad Valenciana y que la Hacienda Pública, contra la que el fiscal le acusa de defraudar es, como su propio nombre indica, pública. Lo que sí es cierto es que este asunto no está relacionado con su gestión política. 

No pueden decir lo mismo otros alcaldables que aspiran además a revalidar el puesto y que sí están imputados -antes investigados- pues cuestiones relacionadas con su labor como alcaldes y/o concejales. Alguno de ellos ha sido incluso condenado. Es el caso del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), a quien el juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a cuatro meses de prisión por acoso laboral al secretario municipal. El alcalde ha recurrido la sentencia, que no es firma, si bien el juzgado recoge en los hechos probados que pese a que la relación inicial era buena, en septiembre de 2011, después de que el secretario interventor decidiera reforzar su labor fiscalizadora "ante unos pagos realizados con cargo al erario público y propiciados por el alcalde", Luis Vicente Mateo reaccionara "iniciando una actitud de hostigamiento hacia él, lo que le ocasionó en un menoscabo psíquico y una grave perturbación en sus relaciones en el ámbito laboral, afectando también a su vertiente personal. La situación se prolongó durante años, en los que el funcionario acumuló varias bajas. Luis Vicente Mateo ya ha recurrido el fallo, lo que no ha impedido que la oposición le pida su dimisión ante la gravedad de las acusaciones. 

Otro alcaldable que tiene abierto juicio oral por acoso laboral a un funcionario, prevaricación y cohecho es el socialista José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos desde su segregación de Almoradí en 1991. La Fiscalía le pide un año de prisión y en el caso está investigada también la edil Belén Juárez. La Audiencia Provincial le ha abierto juicio oral y tan solo se está a la espera de que se señale el juicio. 

Termina la lista de concejales investigados el también socialista Miguel López, quien fuera alcalde durante la mitad del mandado gracias a su acuerdo con Ciudadanos en Benejúzar. En este caso el juzgado le investiga por un presunto delito electoral, por hacer buzoneo pidiendo el voto antes de que comenzara la campaña de 2015. El juicio se celebrará después de las elecciones, aunque debería haberse celebrado en 2021, pero se aplazó. También debería haber declarado el 13 de marzo en calidad de investigado por autorizar una obra en suelo no urbanizable, si bien en esta caso no hay acusación formal por el momento. 

La lista de investigados en la comarca continúa. Esta vez hablamos de ediles y no de candidatos. Se trata de los oriolanos Luisa Boné y Ángel Noguera, ambos de Ciudadanos. Este último, además, arrastra una doble imputación, lo que provocó que la alcaldesa, Carolina Gracia (PSOE) lo cesara de sus competencias hace tan solo unos días. Boné, concejala de Contratación, está investigada por presunto delito de prevaricación por el contrato del mantenimiento de las zonas verdes de la Costa. La investigación se inició a raíz de una denuncia de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2021. En ese mismo caso, por los mismos motivos, está investigado su compañero Ángel Noguera, edil de Infraestructuras, está imputado en la misma causa, por los mismos motivos. Como en el caso de Miguel López, ambos tenían que haber declarado el 13 de marzo, pero se pospuso por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia. 

Noguera suma además otra causa, que es la que le ha costado que la alcaldesa le retire sus competencias. El edil ha sido imputado también por el contrato de servicios de mantenimiento de los viales de Orihuela Costa, en el que está investigado por prevaricación.



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