HUESCA (EFE). Los abogados de una parte de los jugadores que formaban parte de la plantilla del Reus Deportivo en 2017 han solicitado al juez que instruye el caso Oikos, de amaños en el fútbol español, el archivo de la causa que les imputa por el presunto cobro de primas por parte del Huesca para vencer al Valladolid.
En estos escritos, a los que ha tenido acceso Efe, los letrados de estos jugadores coinciden en referirse a un informe emitido a mediados del pasado mes de diciembre por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que asegura no detectar en las cuentas bancarias de la plantilla del Reus en 2017 el cobro de primas.
Estos letrados señalan que este informe, tras un análisis pormenorizado de las cuentas de los 25 miembros de la referida plantilla, no puede establecer si se repartieron entre ellos, a razón de 10.000 euros por persona, los 250.000 euros presuntamente entregados por el Huesca.
La derrota del Valladolid, que luchaba por meterse en la promoción de ascenso a Primera División, favoreció sin embargo el acceso a esta opción del Huesca, que acabó finalmente sexto en la liga regular.
A estas peticiones de sobreseimiento hechas al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca se ha opuesto la fiscalía oscense, a la espera de que se recaben todas las pruebas testificales ordenadas por el instructor en torno a esta cuestión.
Por otra parte, en relación a otro bloque de las investigaciones llevadas a cabo en torno al caso Oikos, los abogados de un grupo de trece personas residentes en Málaga investigadas por su presunta participación en apuestas ilegales han presentado alegaciones al recurso interpuesto por la fiscalía contra la decisión del juez de archivar la causa en relación a este grupo.
En su auto de sobreseimiento, el instructor destacaba que las investigaciones hechas en torno a este grupo de apostantes adolecía de un cuadro indiciario "muy poco sólido", mientras que el fiscal alegaba en su recurso que estas personas no sólo se habrían beneficiado de las apuestas, sino que formaban "parte necesaria" del entramado generado por el jugador que supuestamente medió en la operación.
En sus escritos respectivos, los letrados de este grupo de investigados señalan que los beneficios obtenidos, en algún caso por debajo de los 300 euros, no evidencian que dispusieran de información referida al presunto amaño.
El magistrado acordó a finales del pasado mes de enero prorrogar seis meses más la instrucción, rechazando así la petición de las defensas de la totalidad de los investigados, 59 en total, de no dilatar más el procedimiento y de valorar, casi tres años después de iniciarse el caso, la aplicación del principio de presunción de inocencia.