DÉNIA. El Cercle Empresarial de la Marina Alta pedirá al Consell que la parte de la Ley de Turisme, Ocio y Hospitalidad que se refiere a los alquileres turísticos y obliga a realizar un trámite en el Ayuntamiento sea aplicado únicamente a los municipios de la Comunitat que tengan más de 300.000 habitantes. Esto es, las tres capitales de provincia: València, Alicante y Castellón.
Esta fue una de las conclusiones que se extraen de un encuentro que mantuvo el “lobby” de la Marina Alta con la Asociación de Empresas de Alquileres Turísticos de la Provincia de Alicante, en el pasado sábado en Ondara, durante la conocida como Fira de Fires que reúne a todos los municipios de la comarca durante los fines de semana del mes de noviembre.
Las dos entidades analizaron el artículo 65 de esta ley que obliga a los propietarios de viviendas que se alquilan a sacarse un certificado de compatibilidad urbanística en sus ayuntamientos para poder estar en el registro autonómico de viviendas turísticas. Un certificado que la mayoría de los Ayuntamientos están rechazando ya que sus planes generales de Ordenación Urbana no recogen la posibilidad de ofrecer una segunda residencia como vivienda turística, sobre todo si esta se encuentra en urbanizaciones. Solo alguno de la Marina Alta, como Teulada, si tiene en su norma urbanística tal posibilidad.
Desde el CEDMA remarcaron que la ley “está planteada para grandes ciudades como Valencia y no para las localidades de la Marina Alta” en las que no hay suficientes plazas hoteleras para “cubrir la demanda”. De hecho, subrayaron que el 85% de los alojamientos turísticos se realiza en viviendas, y solo 25.000 son alojamientos reglados.
Según explicó Esteban Cobos, vicepresidente de los empresarios “la comarca vive del turismo y no hay consciencia de las consecuencias que puede tener aplicar esta ley”. Cobos se mostró “muy preocupado porque las autoridades saben de la problemática y están buscando soluciones”, pero remarcó “queremos esas soluciones ya”.
Por su parte, la presidenta del CEDMA, Sonja Dietz, subrayó que las dificultades que plantea la ley de Turisme en la legalización de las viviendas del alquiler turísticas “supondrán una vuelta a la economía sumergida” y añadió “se ha trabajado con mucho empeño en legalizar el sector para pagar los impuestos correspondientes y ofrecer un marco de seguridad a los turistas que alquilan las viviendas y todo se va a ir al garete”.
