Si algo nos ha enseñado el extinto 2016 es a ponernos en lo peor. Por tanto, habrá que sopesar la posibilidad de que el juicio del caso Brugal no conduzca a nada. Legalmente hablando. No dudo de la exhaustiva labor del juez Manrique Tejada ni del empeño de la acusación ni de las pruebas aportadas por la investigación policial. Pero no sería la primera vez que la presunta cohabitación entre uno o varios empresarios y los políticos con mando en plaza queda diluida en una salsa de recovecos de la ley con picatostes, que son los grumos que no podemos tragar los que lo vemos desde fuera. En principio, todo parece claro. Dos alcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, podrían haber regalado al empresario Enrique Ortiz una caja de pinturas Alpino para que se entretuviera dibujando el futuro del plano urbanístico de la ciudad. A su favor, naturalmente, algo difícil de evitar ya que Ortiz es dueño hasta de la red de alcantarillado que dejaron los romanos, si es que eso existe. Tanto Alperi como Castedo podrían haber pactado con el magnate qué colores maridaban bien con cada parcela, por vía telefónica o en conversaciones directas, y permitido que el constructor se saliera de la raya, si quería. A cambio, Ortiz podría haber ejercido de agente turístico para que los primeros ediles visitaran países como Grecia o Andorra, entre otros favores y cargos a cuenta de su tarjeta de El Corte Inglés. Esto, en argot jurídico, se llama tráfico de influencias, información privilegiada y cohecho.
Hasta aquí, los bajos fondos que pretende limpiar el proceso. Que, como todos, merece un silencio reverencial y expectante hasta que el martillazo del juez Tejada dé paso a la redacción de la sentencia -si finalmente hay juicio- por parte del tribunal al que le corresponda dictarla. La Justicia debe ser independiente y desembocar donde le dejen los cauces legales, nos guste o no. Sin embargo, hay un debate en el que sí nos podemos enfangar todos los ciudadanos. El de la ética. Una discusión, sea cual sea el resultado final del juicio, que debería desaparecer de cualquier país civilizado por evidente. No, no es correcto que un cargo político de relevancia sea amigo de un empresario mientras esté en el desempeño de sus funciones. No, no es correcto que se acepten regalos o contratos laborales que puedan conducir a equívocos. Y, finalmente, no, las urnas no legitiman un comportamiento, cuando menos, sospechoso.
Alperi fue un poco más discreto, aunque no faltaron las ocasiones en que se le veía reunirse con diferentes personajes en su coche oficial de lunas entintadas, a espaldas de los presentes en cualquier acto. Por no hablar del currículo de sus hijos. Castedo, sin embargo, no solo no admitió en ningún momento que su conducta podría haber sido inapropiada, sino que alardeó de sus vínculos de amistad con Ortiz, atropellando a quien se le pusiera por delante como un tanque en Tiananmen. Que nunca fue la oposición de según qué partido, también bendecido, al parecer, por la generosidad del empresario, en según qué despachos. Este es el principal aspecto que debe transformar el juicio de Brugal, el de Gürtel o el de los ERE de Andalucía. Da igual. Si finalmente no se pueden castigar los delitos, o incluso se demuestra que no existieron, al menos hay que lograr que los políticos no se crean ungidos por otra escala de valores. Si no, esta sociedad acabará condenada a uno de los anillos del infierno. Y por tanto, escribió Dante, con la esperanza totalmente abandonada.
@Faroimpostor