Los representantes municipales que forman parte de la comisión de investigación.ALICANTE. La comisión de investigación sobre las supuestas anomalías en los contratos del Patronato de Vivienda se enfrenta a su última sesión. El equipo de Gobierno, del PP, ha convocado a los cuatro grupos de la oposición -PSPV-PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís- el próximo lunes 6 de mayo a la que debería ser su última sesión de trabajo con el propósito de aprobar sus conclusiones y, si es posible, acordar su disolución.
Otra cosa distinta es que pueda concertarse una resolución con la mayoría suficiente como para que pueda quedar aprobada y que, después, todavía quede tiempo antes de que se agote el mandato actual para que esa resolución sea puesta en conocimiento del pleno. Todo con la dificultad añadida de la cercanía de las elecciones municipales en la que nadie parece dispuesto a desperdiciar oportunidades para desacreditar la gestión del prójimo.
Así que lo cierto es que el consenso se antoja más que complicado. Al menos, si los cinco grupos representados en la corporación se mantienen firmes en sus respectivos escritos de conclusiones individuales. Como viene informando Alicante Plaza, los informes propuestos por las cinco formaciones reflejan posiciones muy dispares respecto a las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de la reforma de un local del Patronato Municipal de Vivienda para que pudiese utilizarse como sede provisional de la Concejalía de Juventud.
Por lo pronto, los análisis de cada partido sobre la corrección de esos encargos se mueven en torno a dos únicas coincidencias: la descarga de responsabilidades en el rival político -para, así, autodesvincularse de lo sucedido-, y la exigencia de un mayor control sobre el funcionamiento del Patronato (un organismo autónomo adscrito al Ayuntamiento).
Además, PP, Guanyar, Cs y Compromís consideran que no había quedado demostrado que se hubiese producido un supuesto fraccionamiento pese a que se tramitasen tres encargos directos por separado por un importe inferior a los 50.000 euros cada uno de ellos, a la vista de las valoraciones emitidas por el secretario municipal.
El PSOE, sin embargo, sí apreció que los contratos pudieron trocearse para eludir la convocatoria de un concurso público y apuntó directamente a la responsabilidad de dos de los tres concejales que asumieron las competencias de Vivienda por no haber evitado dichas anomalías. Esos ediles eran Julia Angulo, de Guanyar, e Israel Cortés, del PP. Los socialistas, sin embargo, no señalaron a Sofía Morales, la exedil socialista que también dirigió la concejalía desde el cese de Angulo hasta la toma de posesión de Cortés.
