Los abogados de Alicante denuncian que los jueces notificaron asuntos no urgentes en agosto

ALICANTE. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha recordado este miércoles en un comunicado que "manifestó públicamente en abril su rechazo a la habilitación parcial de agosto que, tal como ha quedado demostrado, ha sido inútil y no ha servido para agilizar la Administración de Justicia, retraso que era endémico antes de que la crisis del Covid-19 se produjera".

En esta línea y con el objetivo de hacer un seguimiento de las "ineficaces" medidas propuestas por el Ministerio de Justicia, el ICALI habilitó un correo electrónico de comunicación directa con la colegiación que ha permitido registrar aquellas notificaciones y asuntos que, contrariamente a lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría General de la Administración de Justicia, se han traslado a la abogacía alicantina, impidiendo su legítimo derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar.

El ICALI ha constatado como algunos juzgados del ámbito de su competencia han incumplido los acuerdos citados y han notificado asuntos innecesarios y no urgentes. Por ello, el Colegio ha remitido un escrito tanto al CGPJ como a la Secretaria General de Administración de Justicia y el TSJCV en la que solicita conocer las vacaciones de los jueces y letrados de la Administración de Justicia a los efectos de posibles nulidades. Del mismo modo, el ICALI ha comunicado que se mostrará parte en los expedientes que se incoen para depurar las posibles responsabilidades en relación a cualquier resolución que se dicte.

El escrito además pone de manifesto la constante voluntad del Colegio de la Abogacía de Alicante por conciliar su actividad con la de todos los operadores jurídicos en aras de conseguir un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y apela al buen hacer y colaboración de todos.

Sin cita previa

 Otra de las reivindicaciones más importantes que ha manifestado el Colegio, en consonancia con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha sido la eliminación de la necesidad de solicitud de cita previa para que los profesionales de la abogacía accedieran a las sedes judiciales. Una exigencia que, a instancias del CGAE, se ha resuelto a aprobar el Senado este pasado 8 de septiembre al incluir una enmienda transaccional al proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia.