Cartel de apoyo a Josu Ternera en su pueblo natal, Ugao-Miraballes (Vizcaya). Foto: EPVALÈNCIA (EP). Diez años después de que ETA anunciara el fin de su actividad criminal la banda terrorista se reduce a una veintena de huidos y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya al País Vasco, gracias a la decisión de poner fin a la política de dispersión por el Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha cedido en este tiempo la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco y aceptado a EH Bildu como uno de los socios parlamentarios.
Arnaldo Otegi sigue siendo hoy el líder de la izquierda abertzale, como hace diez años, aunque entonces estaba en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Sus negociaciones con el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Jesús Eguiguren, se entrelazaron con los comunicados de la banda terrorista, antes y después del 20 de octubre de 2011 de abandono de las armas.
Transcurrida una década de aquel comunicado leído por tres encapuchados solicitando "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", en alusión a los presos --en 2011 sumaban 595 en España y otros 140 en Francia-- y los etarras en la clandestinidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen la búsqueda sobre una veintena de huidos, la mayoría en Venezuela, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press.
En este tiempo el etarra más buscado por su simbolismo como antiguo jefe de ETA y su papel en las negociaciones con el Gobierno ha sido José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Su nombre se tachó de la lista de los huidos al ser detenido en una operación de la Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses. Ahora está pendiente de su extradición, reclamado por la Justicia española por, entre otros, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.
También se han llevado a cabo extradiciones como la de Natividad Jáuregui, alias 'Pepona', entregada por Bélgica por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo; o las detenciones de la Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato de la inspectora María Josefa García Sánchez, y Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.
"En octubre de 2011 ETA anunció el fin de la actividad terrorista pero, en la práctica, siguió su actividad centrada en aspectos relacionados con la situación de los huidos y el depósito de armas", explican fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional recuerdan que han practicado 35 detenciones desde que ETA anunciara el fin de la actividad armada, las dos primeras tan sólo ocho días después de aquel comunicado, al arrestar en Bélgica a Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez.
"No hemos parado para tratar de evitar la prescripción de delitos", añaden desde los servicios de Información de la Policía. Son 21 los etarras con delitos y un horizonte de prescripción de unos cuatro años: a diez de ellos lo sitúan en Venezuela, uno en Cuba, cinco en Francia, y luego hay algún dirigente de la banda terrorista disperso por países como Brasil, México, Uruguay y Cabo Verde.
En la lista figuran históricos como Ignacio de Juana Chaos, aunque a día de hoy ven complicado su entrega y detención debido a que el delito por el que figura en las bases de datos policiales es el de enaltecimiento. José Luis Eciolaza Galán, 'Dienteputo', Oier Eguidazu Bernas, Eneko Aguirresarobe Olagoy y Anartz Arambarri Echaniz son otros de los etarras que siguen en la lista de los más buscados.
Las fuentes consultadas ironizan sobre los "gestos" y la propaganda que organizó el entorno de ETA cuando la banda agonizaba, buscando mediadores y tratando de disimular que se encaminaba a su derrota. En este sentido destacan que desde 2012 se le incautó más del doble de armas que las que después entregó desde 2017 en Francia ofreciendo las coordenadas de zulos, previa Declaración de Aiete y con la ayuda de los conocidos como 'artesanos de la paz'.
ETA y su entorno buscaban con Aiete lo que se entendía como "resolución del conflicto", pero tras el 20 de octubre de 2011, la Guardia Civil desencadenó una sucesión de detenciones.
Entre septiembre de 2015, con la 'operación Pardines', en honor al primer guardia civil asesinado por ETA, y noviembre de 2017 con la 'operación Nerin', en recuerdo del policía francés que es la última víctima mortal de la banda terrorista, caen David Pla e Iratxe Sorzabal, los encargados de leer el comunicado del fin del terrorismo, pero también Mikel Barrios, Íñigo Gulina Tirapu o Mikel Irastorza.
La Policía Nacional fecha en 2009 la primera información absolutamente fiable de que la banda terrorista lo que quería era "dejar el listón alto mediante atentados para, a continuación, buscar una última negociación". "El éxito de la Policía es anterior, fue detener a los jefes militares cuando ETA no tiene más remedio que elegirlos desde la 'kale borroka", apuntan.
Con ETA derrotada, también se actuó contra el conocido como 'frente de cárceles'. Desde la Guardia Civil recuerdan que entre enero de 2013 y abril de 2015 la acción policial se centra en los abogados acusados de actuar en connivencia con ETA, y que fueron objeto de sucesivas operaciones bautizadas con simbólicos nombres como 'Jaque' y 'Mate'. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros, ya cumplieron condena y están siendo juzgados ahora de nuevo.
Desde el punto de vista de la acción policial frente ETA, uno de los principales retos tras el fin de la banda terrorista sigue siendo actuar contra los más de 300 casos sin resolver, teniendo en cuenta que hay terroristas que fueron amnistiados en la Transición y también investigaciones en los primeros años de democracia basados en atestados incompletos en lo referente a las pruebas periciales.
La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, no obstante, a especialistas indagando en sumarios y otros documentos como los 'papeles de Francia', un trabajo que realizan junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y colectivos como la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).
Son un centenar los informes reabiertos desde 2011, según la AVT, que calcula que restan unos 90 sumarios por revisar. Se ha logrado la resolución mediante condena de hasta 15 casos que tienen detrás nombres y apellidos de víctimas de ETA, entre otros: Ignacio Uría, Pedro Antonio Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl Centeno o Fernando Trapero.
La asociación lamenta alguna absolución en casos reabiertos, como el del juez José María Lidón, y también aporta otro dato relevante: "En este tiempo no ha habido ni una sola colaboración por parte de miembros de ETA".
Por este motivo, la AVT encabeza la crítica a la política de acercamientos de presos, previa progresión a segundo y tercer grado, al entender que no hay colaboración previa con la Justicia ni arrepentimiento individualizado.
Desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid y algo parecido ocurre con la veintena de presos en Francia, trasladados a cárceles más próximas a la frontera vasca. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco -de los que se han materializado 63-, así como otros 17 a cárceles de Navarra.
