ALICANTE. El informe del administrador concursal de la escuela de negocios alicantina Fundesem Business School (FBS), la consultora vasca PKF Attest Concursal, resulta demoledor. La fundación que impulsó la escuela, que es lo que los patronos pretenden salvar con su acuerdo con la Universidad Europea, tiene una deuda de 2,73 millones de euros, según el informe del administrador, mientras que el activo se reduce a unos 59.000 euros, básicamente en propiedad intelectual.
Cosa distinta es la SL que creó la fundación hace dos años para traspasarle el negocio educativo y facilitar el acceso a financiación bancaria clásica. Esta sociedad, Fundesem Business School SL, participada al 99% por la propia fundación (pese a que intentó vender la mitad de su capital entre empresarios de la provincia para financiarse), tiene menos deudas al no asumir el crédito con el Ivace por el alquiler de la sede, y algo más de activo. Concretamente, 642.000 euros de crédito y 340.000 de masa activa. Como adelantó este diario, la SL sí está en liquidación, al contrario que la fundación.
Según la clasificación de los créditos comunicados al administrador, y que éste ha aceptado (unas pocas pretensiones se han visto rechazadas), la fundación debe 2,33 millones de euros clasificados como crédito ordinario, de los cuales 1,63 millones son con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dueño del edificio donde Fundesem tiene su sede y que le reclama dicha cantidad por impagos del alquiler. También se ha clasificado como ordinario un préstamo del Banco Sabadell del que Fundesem adeuda 150.000 euros, o un préstamo personal y bono formativo por importe de 43.500 euros a nombre de una de las filiales de Aligrupo, el family office de la familia Alcaraz (fundadores de Goldcar).
El propio presidente de la fundación, el abogado Cayetano Sánchez Butrón, figura también como acreedor en el informe del administrador concursal, a través de una de sus firmas de servicios legales: SB Law Firm. Esta sociedad, que ejercía como administrador único de la SL creada en 2020, reclama 45.000 euros por "préstamo de cantidades y servicios", que han sido aceptados por el administrador.
Asimismo, la Seguridad Social reclama 20.000 euros, de los que 8.000 se han clasificado como privilegiados. En cambio, solo hay un acreedor en lo que se refiere a créditos laborales, y la mayoría de integrantes del listado (hasta 276) reclaman pequeñas cantidades. Muchos son de hecho profesores.
En la SL, que es la que ha ido a liquidación, figuran como acreedores la Seguridad Social con 80.000 euros, la Agencia Tributaria con 50.000 euros, Cajamar con cerca de 30.000, el ICO con 24.000 (por un préstamo concedido a través de Cajamar), y de nuevo la sociedad de Sánchez Butrón que ejercía como administradora única de la mercantil y que en este caso reclama 7.600 euros por un préstamo personal.
Como ha contado este diario, el patronato de la fundación ha dado el visto bueno a una propuesta de la Universidad Europea para entrar como inquilina del edificio y a la vez partner de la escuela de negocios, con mayoría en la directiva y un gerente nombrado por el centro privado, a cambio de inyectar de golpe 1,25 millones de euros para que Fundesem pueda hacer frente a los pagos atrasados con el Ivace y a aquellos compromisos que se deriven del convenio con los acreedores. El convenio y el plan de viabilidad que presentará la escuela, representada por el despacho ilicitano Galsan Consultores, se basa de hecho en los ingresos que generará este acuerdo, y planteará una quita del 50% y un periodo de espera.
