BENIDORM. Dicho y hecho. El pleno de Benidorm aprobaba este lunes el nuevo pliego para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de espacios públicos. Y este martes ya había salido a licitación en Contratación del Estado para empezar a recibir ofertas de las empresas interesadas. Con esto, el Ayuntamiento da un paso más para tener un nuevo contrato después de llevar caducado desde 2018. De momento, las mercantiles tienen de plazo hasta el seis de febrero para presentar sus propuestas, luego se abrirá un proceso de estudio, que culminará con la adjudicación.
El expediente se aprobó esta semana con el voto a favor del PP en solitario, tanto PSOE como Vox votaron en contra por las dudas que tenían sobre la documentación. Entre otros asuntos, motivados por la modificación de las ordenanzas fiscales que contempla y que podría conllevar la subida del IBI y la tasa de la basura en los próximos años. A lo que se añade la cuantía en la que se presupuesta y los seis reparos que mantenía el interventor y que el gobierno local refuta apelando al visto bueno de la Conselleria de Hacienda.
Según los tiempos marcados, está previsto que el 21 de febrero se abra la oferta económica. La fecha de la adjudicación es una incógnita, puesto que todo dependerá también de que no se presenten recursos contra las resoluciones. Hay que tener en cuenta que se trata de un contrato de gran magnitud, 360,8 millones de euros, impuestos incluidos, por un plazo de 15 años. Además, también está expuesto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), lo que podría ampliar la participación.
El pliego aprobado está firmado en junio de este año, y según explica en sus primeras páginas, en los últimos ocho años no se han podido acometer actuaciones de reforma y modernización del contrato, que data de 1993. Aunque en años anteriores sí que se han ido introduciendo cambios y adaptaciones a las nuevas normativas. Esto, dice el documento, "ha provocado que actualmente se encuentre amortizado y cargado de limitaciones técnicas, administrativas y jurídicas heredadas y que dificultan su evolución y adecuación a la demanda de la ciudad".
En este sentido, señalan que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, recoge las directivas europeas en materia de gestión de residuos. A su vez, contempla las obligaciones de los gestores de estos servicios pero también los objetivos: una mayor segregación en origen de más fracciones e instrumentos económicos e incentivos. Así, recae sobre las administraciones locales la responsabilidad de fomentar la separación y el reciclaje, con una tasa diferenciada y específica para los servicios que estén obligados a prestar, algunas de las cuales deberán de encaminarse hacia el llamado “pago por generación”.
Con todo, la documentación señala que el Ayuntamiento se tiene que plantear la posibilidad de transportar directamente los residuos a la planta de valorización del Consorcio. Esta sí que está preparada para acoger los residuos separados y con instalaciones para la caracterización. De lo contrario, advierte el técnico, se llevaría a la de Benidorm que no permitiría una recogida adecuada, mezclando los residuos segregados con los de otros municipios o con otras fracciones, lo que expondría al Ayuntamiento a penalizaciones.
Entre otros aspectos, el pliego señala varios detalles sobre la recogida de basura. A modo de ejemplo y con el año 2022 como referencia, Benidorm contaba con 69.738 empadronados y un ratio de producción de residuos de 728,19 kg por habitante al año. Una cifra muy superior a la media nacional que se establece en los 471 kilos según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, comparándolo también con los datos de consumo de agua, lo equiparan a la ciudad de Albacete, con un censo estable de 170.000 habitantes, más acorde a la localidad si se añade la población flotante. De este modo, la media se quedaría en 298,72 kg por vecino al año.
Atendiendo a estos datos, señalan que aproximadamente el 60% de los residuos en Benidorm se generan por la actividad turística, que se canaliza a través de los establecimientos de hostelería y comercios, además de las segundas residencias y alquileres no reglados. En este sentido remarcaron la necesidad de poner soluciones específicas que impliquen a estos perfiles que adoptan una postura más relajada sobre estas obligaciones, según dice el pliego.
El contrato se plantea como un servicio de nueva implantación al entender que los equipos actuales están amortizados y han superado su vida útil. Se propone "desde cero y sin herencias del anterior contrato", salvo las infraestructuras de los contenedores soterrados existentes así como los convenios laborales vigentes, "lo que proporciona una gran libertad para el planteamiento del nuevo servicio que no debe de arrastrar otros condicionantes anteriores", remarca.
En términos generales, se apostará por la recogida puerta a puerta al menos para la fracción de biorresiduos, de envases ligeros, vidrio, papel/cartón, aceite vegetal usado y resto/todo uno. En los casos en los que este sistema sea inviable, optan por el 'quita y pon' así como la creación de áreas de aportación de superficie en aquellas zonas de baja densidad. Para el resto de residuos se plantea la aportación multifracción en un lugar específico.