VALÈNCIA. Les Corts Valencianes han dado trámite a una proposición de ley del PSPV sobre el canon de saneamiento que cuenta con el criterio desfavorable del Consell. Una decisión que no suele ser muy habitual en el Parlamento autonómico y que se ha producido después de varias reuniones de la Mesa de la Cámara en las que el asunto ha generado un importante debate entre los grupos con cierto temor a que pudiera derivar en la vía judicial.
Todo viene a cuenta de un texto que los socialistas registraron el pasado septiembre sobre medidas relativas al canon de saneamiento para paliar los efectos de la inflación en las familias. El citado canon se ha tratado ya en diversas ocasiones en el Parlamento tanto por iniciativa del PSPV –con su suspensión, que en realidad era un aplazamiento de pago– como por parte del PP –que amplió el plazo de prorrateo para el pago de la cantidad aplazada e introdujo algunas bonificaciones–.
Los socialistas decidieron llevar un nuevo texto en el que pedían prorrogar el pago del canon de saneamiento hasta diciembre de 2023 y condonar el recibo del agua para las rentas menores de 30.000 euros a partir de 2024, así como ampliar el fraccionamiento del pago para el resto de las familias, pasando de los 18 a los 60 meses. La proposición de ley incluía que, previamente a la finalización del nuevo periodo de aplazamiento, y en virtud de una cláusula del decreto original del PSPV, el Consell valorará las medidas adoptadas e impulsará las iniciativas oportunas para paliar los efectos de la inflación. En concreto, el mantenimiento de la suspensión del abono o el establecimiento de medidas compensatorias.
Otro de los puntos del texto es que si el Ejecutivo autonómico decide no prorrogar el aplazamiento del pago se condonarán una serie de importes pendientes de devolución. Igualmente, incorpora fórmulas para la flexibilización de la devolución del canon aplazado.
Después de registrar la proposición de ley, el Consell emitió su criterio, que en este caso fue desfavorable. El argumento es que comprometía y afectaba al presupuesto de la Generalitat con una disminución de los ingresos. Motivo por que se se oponían a su tramitación desde la Mesa de Les Corts. En estos casos, el órgano puede o bien darle trámite igualmente o bien mantenerse en el criterio del Gobierno, lo que supone que no se someta al pleno la toma en consideración del proyecto de ley.
Según ha podido saber este periódico, tras llegar esa comunicación del Ejecutivo, los representantes de los grupos de la Mesa abordaron en una primera reunión el asunto. Los de los partidos del Consell defendieron el criterio de éste, mientras desde la oposición se consideró que no se encontraba lo suficientemente fundamentado al estar únicamente justificado en que afectaba al presupuesto, sin mayor concreción. Así, aportaron sentencias del Tribunal Constitucional con una doctrina clara en favor de lo que se consideran derechos fundamentales de los diputados y de la no obstaculización ni limitación de su labor parlamentaria –desde la presentación de iniciativas hasta la fiscalización de la gestión de los ejecutivos–.
Se trata de resoluciones que, en definitiva, exponen la necesidad de que los gobiernos tengan que justificar detalladamente en qué puede afectar al presupuesto la proposición de ley que se rechaza tramitar. Es decir, prácticamente partidas concretas.
La cosa quedó en el aire en aquella reunión de la Mesa y también en la siguiente con peticiones de aplazamiento para tomar la decisión. La posibilidad de que aquello acabara en recurso y en la vía judicial sobrevoló. Finalmente, en el tercer encuentro mantenido por el órgano desde entonces, fuentes parlamentarias señalan que el PP defendió de nuevo las consideraciones del Consell, pero comunicó que se daba trámite a la proposición de ley. Ahora, y después de toda esta historia, tendrá que pasar al pleno para su toma en consideración.