Rodrigo Rato. Foto: A.ORTEGA/EPMADRID (EP). El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estuvo al frente de la investigación relativa al incremento presuntamente ilícito del patrimonio del exministro Rodrigo Rato ha aseverado este martes que el investigado contaba con hasta tres bolsas patrimoniales en el extranjero al menos desde principios de los 2000 que eran "opacas" y desde las que "fluía" el dinero a España.
En esta decimonovena sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, el jefe del grupo de agentes que realizaron la investigación a petición del juez instructor ha detallado a preguntas de la fiscal del caso cómo era a su parecer la operativa tanto de esa llegada de capital como de los diferentes movimientos entre sociedades relacionadas con el que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así, ha apuntado que Rato trajo desde 2000 hasta 15 millones de euros a España desde sociedades como Red Rose y Wescastle, "totalmente opacas tanto en su dirección como en su accionariado que está velado", y que existía una tercera bolsa patrimonial con la que a pesar de la investigación no han logrado dar.
En este sentido, ha explicado a la fiscal que pudieron comprobar cómo "a lo largo de todos los años" fluye desde el extranjero hasta España esa cantidad, y que hasta 2006 entraba en la estructura empresarial de Rato directamente. Luego, a su entender, fruto de una inspección tributaria, se modifica el proceder y se articula esa entrada de dinero a través "de un binomio de empresas también opacadas, Vivaway y Kradonara".
A preguntas de la fiscal, el investigador también ha explicado que, tras tomar declaración a empleados de las agencias de publicidad Publicís y Zenith Media y tras las pesquisas, concluyeron que fue Rato quien dio la orden de que contratar la campaña de lanzamiento de la marca Bankia con ellos.
Al hilo, ha señalado que pudieron determinar que Alberto Portuondo --investigado también en la causa y que entró como asesor de la entidad al llegar Rato a la presidencia-- se ofreció a ambas agencias para "llevarles el cliente Bankia" y que en base a eso firmaron un contrato por el que se le abonaría un 28 por ciento de las ganancias en caso de éxito. Ha aclarado que el contrato de comisión era por hacerse con el cliente y no por entrar en el concurso con otras agencias.
Sobre el papel de Portuondo en ese asunto, ha explicado que pudieron observar cómo (desde 2011) hay un traspaso de dinero de Zenith y Publicís hacia una de las empresas de Portuondo --Albisa--, y de esta empresa a Kradonara --propiedad de Rodrigo Rato--. Para la UCO, el papel de Portuondo es "evidente" ya que incluso en declaraciones que tomaron a directivas de Bankia como Pilar Trucios o Silvia Bajo se constataba que él entraba en la decisión de a que adjudicataria del contrato de publicidad se elegiría.
Con todo, ha sostenido que para los investigadores de la UCO esos movimientos de Albisa y Kradonara con relación a las agencias suponen el delito de corrupción en los negocios precedente del blanqueo del que se les había alertado en la denuncia inicial que les hizo llegar el juzgado.
Y ha apuntado que tras su investigación, la UCO consideró que los envíos de cantidades de Albisa a Kradonara no estaban sostenidas por ningún tipo de trabajo de asesoramiento, tal y como sostiene la defensa de Rato. De hecho, ha mencionado un correo del bufete de Plazas Abogados a Portuondo en el que le preguntan directamente por la cantidad que deben facturarle en esa ocasión.
Por otro lado, en relación a las transferencias de dinero que recibió Kradonara desde Telefónica, el jefe de la UCO ha indicado que pudieron tener acceso a correos electrónicos en los que la propia compañía señalaba en un primer borrador de contrato que querían los servicios de Rato por su trayectoria y experiencia, y que fue el propio exministro quien dio la orden de que se le pagara a través de Kradonara a pesar de que había sido alertado por un empleado vinculado a Plazas Abogados de que podría incurrir en un fraude.
Al hilo, también ha asegurado que la compañía que usó Rato para cobrar conferencias por todo el mundo, Arada, era usada para hacer una suerte de "peloteo" con el objetivo de "minimizar los beneficios y así tributar lo menos posible".
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de conclusiones provisionales 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía Rodrigo Rato y le acusa de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.
La defensa del exministro ha dedicado su interrogatorio al agente de la UCO en intentar encontrar irregularidades en su investigación, así le ha preguntado por si determinadas pesquisas tenían el visto bueno del juez instructor o las llevaron a cabo de oficio; si analizaron documentación incautada que debía ser apartada por estar sujeta a secreto profesional, porque correspondía a la intimidad de los investigados o porque era de terceros ajenos a la causa; y cómo eligieron hasta dónde llegaba el entorno de Rato al que investigar.
A esto, el investigador ha respondido refiriéndose continuamente a sus atestados, y subrayando que no recordaba haber indagado en asuntos que no tuvieran relación con el delito que el juez les pidió investigar. Sobre el entorno investigado, ha señalado que este fue ampliándose o reduciéndose de acuerdo al avance de las investigaciones.
En su turno, ha hecho además especial hincapié en tratar de concretar hasta dónde llevaron la investigación del capital de Rato con el objeto de encontrar el delito subyacente a ese delito de blanqueo que les ordenaron investigar. El agente de la UCO ha explicado que a su juicio el delito primero que llevó luego al blanqueo era contra la Hacienda Pública, y ha aseverado que el dinero "sucio" que procedía de ese delito fiscal eran las cuotas defraudadas al fisco.
La defensa, que ha repasado pormenorizadamente los atestados y diversas decisiones de la UCO sobre la investigación a Rato, también ha echado en cara al investigador que en sus informes llegaron a confundir dos empresas, una panameña y otra irlandesa, que se denominaban Red Rose.
Por su parte, la defensa de Domingo Plazas, también investigado, se ha interesado por la coordinación de la Oficina Nacional de Investigacion del Fraude (ONIF) con la UCO, y sobre como compartían información. El investigador ha señalado que se solían reunir para aclarar dudas y que no recuerda si compartían documentación a través de una 'nube' a la que tendrían acceso ambos auxilios judiciales.
Tampoco ha recordado qué documentación fue intervenida en los despachos de Plazas Abogados, aunque sí ha reconocido que tuvo acceso a ella a lo largo de la investigación y siempre a través de lo que les mandaba la ONIF. Y sobre la pregunta de si devolvieron la documentación tras su análisis al juzgado, ha confesado no recordar ese extremo, a lo que la defensa ha recordado que no consta.
En este sentido, el jefe de la UCO ha señalado que no recordaba si sus averiguaciones llevaron a ver algún delito imputable a Domingo Plazas, y la defensa le ha matizado que le preguntaba esto porque no figura nada sobre él en los atestados de su unidad.
