Fachada de la sede del Tribunal Constitucional. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPMADRID (EFE). El incremento de la conflictividad entre el Gobierno y las autonomías presididas por el PP se ha visualizado esta semana en el Tribunal Constitucional (TC), que también se ha ocupado de las tensiones con Cataluña, al suspender una resolución independentista del Parlament.
El pleno del alto tribunal estudió el miércoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley gallega que concede a la Xunta competencias en la gestión de las costas.
Al mismo tiempo, el pasado lunes el Gobierno anunciaba otros tres recursos de inconstitucionalidad, estos contra las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, porque considera que van contra la Ley estatal que regula esta materia.
El Constitucional suspendió provisionalmente la citada ley gallega cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno, el pasado mes de octubre. Y hará lo mismo cuando admita a trámite estos otros recursos anunciados por el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con pocos días de diferencia se produjo otra iniciativa del mismo tipo, cuando el Gobierno impugnó las leyes trans y contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid.
Ello derivará en negociaciones en una comisión bilateral que, si no conducen a una marcha atrás del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, acabarán con un nuevo conflicto de competencias o un recurso de inconstitucionalidad ante el alto tribunal.
Todos estos asuntos se dibujan sobre un fondo de clara tensión no solo entre autonomías populares y Gobierno central de PSOE y Sumar, sino también entre diferentes territorios y, muy claramente, de las comunidades presididas por el PP y Cataluña.
Así pudo comprobarse el lunes pasado en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.
Allí, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, desafió al ejecutivo a poner freno a sus reclamaciones.
Le respondían con un frente común de oposición radical los presidentes autonómicos del PP, que anunciaron su voluntad de recurrir ante los tribunales la Ley de Amnistía o un posible referéndum, y muy en concreto el cupo catalán.
La gestión del 100% de los impuestos cobrados en Cataluña, que ya se pergeñaba en el acuerdo entre PSOE y Junts, ha vuelto a ser formulada, también es este mes de marzo, por Pere Aragonés.
Desde el Gobierno se afirma la voluntad de llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, constituido por el titular del Ministerio de Hacienda y los titulares de la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma.
Los independentistas, por principio, se cierran a todo lo que no sea una negociación bilateral con el Gobierno.
Y los presidentes populares reclaman una y otra vez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, un paso que parece lógico antes de descender a conversaciones con los consejeros. Todo parece hacer prever nuevas tensiones territoriales.
