El ex ministro de Universidades, Manuel Castells, en el acto de traspaso de cartera. Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). Las reformas universitarias impulsadas por Manuel Castells, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), son los retos en este ámbitospara 2022, que cuenta con Joan Subirats como ministro de Universidades, tras la dimisión de Castells.
La principal reforma en la que estuvo trabajando Castells es el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), también conocida como 'ley Castells'. El texto, aún en fase de negociación entre los agentes del sistema universitario, ha sufrido varias modificaciones en aquellos temas más cuestionados, con el objeto de llegar al máximo consenso posible. Sin embargo, los sucesivos borradores dados a conocer por el Ministerio nunca han llegado a convencer a rectores, estudiantes y sindicatos.
La redacción más reciente del anteproyecto mantiene el sistema actual de elección a rector por sufragio universal. La propuesta de Castells era que hubiese, además de este procedimiento, otro en el que participase un comité con representación de la comunidad universitaria y con un 30% de miembros externos, que finalmente se descartó del proyecto.
Pero el texto sí que mantiene otra de las propuestas de Castells: no hará falta ser catedrático, sino simplemente funcionario doctor, para poder ser rector, cumpliendo además ciertos requisitos, medida que pretende fomentar el acceso de más mujeres a cargos universitarios. Y establece un mandato de 6 años para los cargos unipersonales electos, entre ellos el de rector, especificando que estos serán "improrrogables y no renovables".
El anteproyecto también pretende acabar con la temporalidad en las universidades, y para ello recoge que la contratación del personal docente e investigador (PDI) de las universidades no podrá superar el 20%. Y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas. Y se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor.
La LOSU también da más peso al Claustro en su último redactado, después de que estudiantes y sindicatos se quejaran de las propuestas de Castells. Así, ahora se establece que la representación estudiantil será de mínimo el 25% y la del PDI permanente del 51%, sin que haya representación de decanos, directores de escuela, de departamentos, institutos u otras estructuras. Y se le otorga la posibilidad de convocar, con carácter extraordinario, elecciones a rector, y de elaborar y aprobar los estatutos de la universidad.
También se crea un nuevo órgano, el Consejo de Estudiantes de la universidad, cuya elección y funciones se determinará por los estatutos, pero con una condición: los miembros serán elegidos entre estudiantes de los distintos centros.
A pesar de los cambios que ha ido sufriendo el proyecto a lo largo de los últimos meses, los rectores, a través de la Crue, consideran que el texto no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España. Entre sus demandas, se encuentran una mayor autonomía para las universidades y un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria, mientras que los sindicatos opinan que el texto no soluciona en realidad los problemas de temporalidad, precariedad e inestabilidad de las plantillas.
Y los estudiantes, representados sobre todo en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), tampoco ven bueno el anteproyecto porque, a su juicio, no avanza con respecto a la Ley actual en materia estudiantil, y deja de lado las políticas de fomento de la participación y garantía de los derechos del colectivo. Además, consideran que tampoco avanza en materia de precios públicos, becas o democratización universitaria. Los estudiantes se manifestaron en varias ciudades de España el pasado 18 de noviembre para protestar contra el proyecto.
La Ley de Convivencia Universitaria (LCU) es la otra reforma en la que trabajó el Ministerio y que se prevé verá la luz en 2022. Este proyecto, que ya fue aprobado en el Congreso y deberá votarse ahora en el Senado, también ha levantado la polémica al incorporar cambios profundos acordados entre PSOE, Unidas Podemos y ERC.
La futura norma deroga el Decreto franquista de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica que permanecía vigente para los estudiantes.
Entre los cambios introducidos en la Cámara Baja, se ha suprimido el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que ha suscitado el rechazo de la comunidad universitaria. Asimismo, se blindan el derecho a la huelga y los 'piquetes', temas que han provocado las críticas entre los grupos de la oposición.
La futura Ley define un nuevo sistema de faltas y sanciones para toda la comunidad universitaria, e incorpora la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.
Así, según la futura ley, se consideran faltas muy graves las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.
Pese a no haber culminado el proceso de elaboración de la LOSU, con Castells al frente del Ministerio, se han aprobado varios reales decretos e iniciativas.
Entre ellos, destaca el real decreto que consolida los planes de estudio de Grado de 240 créditos o el que recoge los nuevos requisitos de creación de universidades. Según este último, a partir de ahora, las universidades no podrán ser consideradas como tal si no disponen de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.
Asimismo, durante este último año, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, se aprobó que los precios medios de los Másters habilitantes se equiparase a los de los Grados, medida que correría a cargo de las comunidades autónomas y que será una realidad a partir del curso 2022-2023. Sólo la Comunidad de Madrid se opuso a esta medida.
También con Castells como ministro, los precios de los créditos tanto en Grado como en Másters han bajado. Durante el curso 2020/2021, el precio medio por crédito en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso anterior a 17,18 euros.
En cuanto a los Másters no habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 euros. Y también bajaron los precios de los Másters habilitantes, situándose en el curso 2020-2021 en 22,48 euros el crédito, un 6,26% menos que en el curso anterior, cuando el precio medio era de 23,98 euros.
Por otro lado, se ha reformado el sistema de becas y aumentado el presupuesto para las ayudas a los estudios, tanto universitarios como no universitarios, y se ha lanzado un programa de movilidad que permitirá a los universitarios llevar a cabo prácticas formativas en administraciones, organizaciones, empresas e instituciones de entornos rurales por 1.000 euros brutos al mes, en lo que se conoce como el 'Erasmus rural'.
