El portavoz municipal de Vox en Alicante, Mario Ortolá.ALICANTE. La sostenibilidad se confirma definitivamente como el auténtico motivo de distanciamiento entre las fuerzas que componen el centro derecha en el Ayuntamiento de Alicante: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Así ha vuelto a demostrarse en el transcurso del pleno municipal correspondiente al mes de octubre, este jueves, en el que se ha aprobado la propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Alicante a la red de entidades locales para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 promovida por el equipo de gobierno (PP y Cs) con el único voto en contra de los dos ediles de Vox.
El edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral (PP), ha defendido la iniciativa al considerar que se trata de avanzar en los retos en los que ya se estaba trabajando desde el Ayuntamiento y ha indicado que la adhesión solo supone el pago de una cuota anual de 3.000 euros. Y no ha tardado en ponerse de manifiesto la oposición de Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha reiterado el rechazo que ya expresó en la comisión informativa de Presidencia. Primero, ha vuelto a negar la existencia de una emergencia climática que atender. Menos, si cabe, en la ciudad de Alicante. Y, además, ha advertido sobre las consecuencias legales que pudiese tener para el ayuntamiento que la red de entidades alcanzase acuerdos con los que la administración municipal no estuviese de acuerdo.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha replicado a Ortolá para asegurar que en Alicante sí se superan los índices de contaminación recomendados por la OMS. Y, después, ha instado al equipo de gobierno a explicar si el acuerdo supone una apuesta decidida por impulsar criterios de sostenibilidad o si, en último término, PP y Cs se van a plegar a las peticiones de Vox, en contra de la adopción de medidas en esa dirección. Tanto la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, como la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, han abundado en ese interrogante hasta el punto de aventurar "cesiones" a Vox en la elaboración de los presupuestos de 2022 para que no incorporen medidas relacionadas con el medio ambiente.
En la réplica, Ortolá ha respondido a las críticas de los ediles de la izquierda y se ha referido al proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Centro y en el anillo formado por el eje de la Gran Vía, promovido por el bipartito con el respaldo del eje progresista, para asegurar que "no es Vox quien plantea restricciones y recorte de libertades para que los ciudadanos puedan desplazarse hasta el centro en coche". Bellido, Romero y Amorós, por su parte, han insistido en la existencia del problema de la contaminación, con alusiones al estado del litoral sur, y han insistido en apuntar a la existencia de un pacto de facto entre PP y Cs y Vox. Por último, Peral ha defendido el proyecto promovido por el bipartito es el de conseguir un modelo de ciudad verde, moderna y accesible alineada con los ODS "sin ningún género de duda" y ha respondido a Bellido al asegurar que es un compromiso a ejecutar por el bipartito que no fue capaz de llevar adelante el extinto tripartito. Así, la propuesta ha quedado aprobada con los dos únicos votos en contra de Vox.
No ha sido el único punto del debate en el que se ha planteado esa diferencia de posiciones entre el bipartito y Vox. La misma división se ha vuelto a plantear en el turno de preguntas, precisamente, en torno al proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El portavoz municipal del partido de Santiago Abascal ha cuestionado al equipo de gobierno sobre qué criterios técnicos y datos de contaminación atmosférica que motivan la delimitación de esa ZBE. Así, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha explicado que la propuesta se apoya en el cumplimiento de lo que promueve la Ley de Transición Ecológica para las ciudades de más de 50.000 habitantes, sin que exista todavía un registro concreto sobre los niveles de contaminación.
Al tiempo, Ortolá también ha cuestionado sobre si se ha elaborado algún estudio sobre el impacto económico de la creación de esa ZBE sobre los comercios, la hostelería y el conjunto de actividades ubicadas en el área delimitada por los dos anillos que se pretende implantar. Al respecto, ha sido el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral, quien ha sostenido que hasta el momento no se ha aprobado el plan de implantación de esa ZBE, ya que solo se ha aprobado la presentación de la propuesta para optar a la concesión de fondos europeos. Además, ha insistido en que en la delimitación de esa ZBE no se va a restringir el derecho a la circulación de ningún vehículo que esté autorizado por la normativa general.
No obstante, lo cierto es que el discurso negacionista de Vox ha quedado en entredicho después de que -en el turno de debate de las declaraciones institucionales- el propio partido haya defendido una iniciativa en la que se plantease crear nuevas plazas de aparcamiento para motocicletas, ciclomotores y bicicletas en la ciudad. La propuesta ha prosperado con el respaldo de PP y Cs. El edil de Movilidad, José Ramón González (PP), ha apuntado que el bipartito secundaba la iniciativa porque la acción del equipo de gobierno ya se encamina en esa dirección, tras detallar las plazas ya existentes y reiterar el compromiso de ampliarlas. Eso sí, los representantes de las tres formaciones del eje progresista han reprochado la contradicción que, a su juicio, supone que Vox niegue la existencia de contaminación en Alicante y, al mismo tiempo, trate de promover el uso de la bicicleta que reduce emisiones de dióxido de carbono. Además, han incidido en que la declaración debía haberse promovido como un ruego dirigido al equipo de gobierno.
El bipartito aprueba en solitario al modificación de los estatutos del Patronato de Escuelas Infantiles entre acusaciones de desmantelamiento vertidas por la izquierda
Por otra parte, entre otros de los asuntos tratados en el pleno, se ha ratificado este jueves la modificación de los estatutos del Patronato de Escuelas Infantiles tras el rechazo de la mayoría de las enmiendas reproducidas por los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Entre las rechazadas también ha figurado la que planteaba incorporar el lenguaje inclusivo a la regulación, pese a que tras el desarrollo de la comisión, fuentes del equipo de gobierno habían anticipado que no habría inconveniente en incorporarla.
En el debate de la propuesta, los representantes de Compromís, Unides Podem EU y PSOE han insistido en los argumentos críticos frente a esa modificación al sostener que el objetivo de los cambios introducidos es "desmantelar las escuelas infantiles municipales", según han apuntado los ediles Rafa Mas y Vanessa Romero. También ha abundado en ese argumento la socialista Llanos Cano, quien ha asegurado que con la modificación "se pretende conseguir que la edil de Educación asuma el poder absoluto en el Patronato". Los representantes de los tres grupos han reprochado al grupo municipal de Cs que no se haya opuesto a los cambios promovidos por Llopis y han responsabilizado directamente al alcalde, Luis Barcala, de haber dejado en manos de la edil "las áreas municipales más sensibles".
Por su parte, Llopis ha replicado a las críticas que los vecinos sí van a tener representación en el Patronato y ha señalado que existen incongruencias como que se plantee la necesidad de construir una tercera escuela infantil "cuando solo quedaron en lista de espera" sin lograr plaza en los dos centros municipales "unas veinte solicitudes". A la postre, la propuesta de modificación se ha aprobado de forma inicial (pendiente de alegaciones) con los únicos votos del equipo de gobierno (14 concejales) y la abstención de los dos ediles de Vox, pese al rechazo de los 13 representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís.
