Foto EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El grueso de las comisiones ilegales que pagó el empresario Jaime Febrer, epicentro de la investigación en el 'caso Azud', fue para el enriquecimiento personal de los políticos que las recibían... pero puede que no todas. El sumario del caso, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, asegura que hay indicios de que parte de estas mordidas habrían pagado gastos de campañas electorales en Xixona (Alicante), donde gobernaba el PP, y en Burjassot y Benicàssim, donde lo hacía el PSOE, en el primer caso con un pacto con el Bloc (ahora Més y en Compromís). En las tres localidades la trama había desarrollado previamente alguna de las operaciones irregulares recogidas en la instrucción.
Pero el escrito, además de recoger una petición al Tribunal de Cuentas la para que aportara la información que PSOE y PP entregaron de los comicios locales de 2007, recoge otra al Síndic de Comptes en la que le reclama los datos relativos a la Comunidad Valenciana presentados por ambos partidos sobre las elecciones a Les Corts que se celebraron ese mismo 27 de mayo así como la facturación de ambas formaciones en esa campaña.
En el escrito del Ministerio Fiscal en el que justifica diversos registros se asegura que, tras haber realizado varias operaciones en el Ayuntamiento de València, la trama del constructor Febrer experto su “modelo de negocio” a otros ayuntamientos gobernados no solo por el PP sino también por el PSPV-PSOE y con José Luis Verá, un abogado muy cercano al partido socialista, con un papel “preponderante” a la hora de organizar encuentros con los alcaldes.
El escrito apunta a que en Xixona resulta "igualmente indiciario que parte del soborno habría consistido en el abono por parte de Jaime Febrer de la campaña electoral" de la entonces alcaldesa, Rosa María Verdú, del Partido Popular, "contratando a una empresa de publicidad". Al parecer, n o fue ni la única compañía contratada ni el único municipio en el que habría pasado lo mismo.
"Al respecto y en relación con los registros en las sociedades Crono Sport SL y Key Sa se ha evidenciado que dicha forma de proceder no es única sin que aparecen de forma indiciaria hechos que sustentarían que una parte de soborno abonado en la consecución de contratación pública, tanto en Xixona, como en Burjassot y Benicàssim", destaca el escrito de la Fiscalía.
De hecho, va más allá y apunta a que "el abono de gastos electorales solicitados indiciariamente por José Luis Vera, José María Cataluña, responsable de las finanzas del partido socialista y por Rafael Rubio", también del PSPV.
Según el sumario, en Xixona, Febrer quiso ser el agente urbanizador de uno de los sectores que se puso en marcha en la población, algo para lo que Verdú y el entonces concejal Francisco Doménech le exigieron que incluyera terrenos de ambos y sus familiares, a los que el empresario compró las parcelas mediante una empresa pantalla por un precio mucho más elevado de lo que pagó por otras.
Pero la operación no acabó ahí ya que hubo que hacer una gestión para que la empresa pública Acuamed abasteciera con una de sus depuradoras al municipio y en ella fue Vera el conseguidor, algo por lo que habría cobrado 560.000 euros.
En Burjassot, Febrer se unió en una joint venture con Eroski para conseguir el desarrollo de un proyecto para transformar suelo rústico no urbanizable en urbano de uso terciario y promover allí un espacio comercial. Vera "participó en todo lo relativo" al plan urbanístico acudiendo a reuniones junto con Jordi Sebastià, concejal por el Bloc del Ayuntamiento de Burjassot, Pere Mayor (también del Bloc entonces), en representación de una de las empresas involucradas en la operación, y José Miguel Yubero como representante de Eroski. En 2009 se firmó el convenio con el consistorio, gobernado entonces por el socialista José Luis Andrés Chavarrías (que no aparece en ningún momento en el sumario consultado por este periódico) y Vera cobró 435.000 euros.
Finalmente, en Benicàssim, el abogado cercano al PSPV actuó de intermediador a cambio de unos honorarios de 480.000 euros fijos y otros 720.000 euros condicionados al éxito de la operación urbanística. Esta consistió en la firma de un convenio en 2007 entre la compañía de Febrer Nou Biourbanisme y la Orden de los Carmelitas para obtener un "aprovechamiento urbanístico" en el plan de Ciudad del Ocio de Benicàssim que "de otro modo no se hubiese conseguido".
Según el sumario, Vera facilitó todo tipo de reuniones" con el entonces alcalde de la localidad, Francesc Colomer (PSPV) y el empresario Febrer. La importancia del 'conseguidor' fue tal que se le incrementaron los pagos mensuales así como los honorarios, una renovación que le reportó ingresos por más de 46.000 euros, según la magistrada.
